Los jueces del pasado
Por Ángel Álvaro Peña
La proliferación de amparos contra la obra pública nunca antes había surgido con tanta difusión. Podríamos asegurar que no existían, aunque estuvieran fundados en la protección del ambiente más que en objetivos políticos. Ahora las razones políticas imperan sobre las aparentes causas de esas demandas con el objetivo de no permitir la conclusión de las obras o bien retrasarlas.
Ahora, ante esa ola de amparos con o sin razón, con fundamento para las mayorías o minorías, el proyecto del tren maya se le rechazó la autorización ambiental para las obras de los tres primeros tramos del Tren Maya, desde Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán. El tren Maya es la obra pública que mayor número de amparos ha tenido en la historia de nuestro país
Por otra parte, la tan cuestionada postura del Ejecutivo Federal de declarar las obras y proyectos del Gobierno federal de interés público y seguridad nacional, también fueron echados abajo, ante un amparo promovido por una organización civil llamada Litigio Estratégico. El intento por darle mayor dinámica a las obras desde el principio fue cuestionado por la oposición con el pretexto de que lo que quería evitarse era la transparencia, cuando este tema estuvo afuera de la consideración propuesta por el ejecutivo Federal; sin embargo, la presión de los partidos y la fragilidad son las convicciones de los jueces que echaron para atrás ese intento por agilizar las obras.
La jueza del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Celina Angélica Quintero Rico, otorgó la medida con lo que ella asegura se complementa la medida otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales sobre la imposibilidad de considerar reservada la información sobre las obras y proyectos federales.
La jueza consideró, además, que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, desconocido hasta ahora, es una organización legitimada para emprender acciones en favor del estado de Derecho, por lo que la organización adelantó que litigará el asunto “hasta sus últimas consecuencias en busca de una sentencia definitiva de amparo que genere un precedente judicial en contra de este tipo de prácticas que lesionan” el estado de Derecho en el país.
El mandatario mencionó que se dará tiempo a las constructoras para presentar la documentación correspondiente, en el entendido de que las dependencias están regidas por los principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad.
Lo cierto es que desde que se anunciaron obras de grandes dimensiones los amparos empezaron a llover, los primeros se interpusieron por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y continúan contra la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
En diciembre de 2021, un grupo de ciudadanos de Xpujil, Campeche, fueron utilizados por grupos políticos para interponer, en su nombre, un amparo. A los pocos días los lugareños desistieron del proceso, alegando que habían sido mal informados, engañados e incluso que falsificaron sus firmas para lograr el amparo en contra del Tren Maya y que no se realizará la construcción en esa localidad.
Eleazar Ignacio Dzib Ek, representante de la Comunidad Ch´ol del Carmen 2 y Nuevo San José Calakmul, puntualizó que las personas nunca han estado en contra del proyecto, pero fueron engañados por partidos e instituciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, diciéndoles que la firma era para ser acreedores a apoyos de vivienda y despensa, que nunca recibieron.
La desconfianza mostrada por el Ejecutivo ante un poder Judicial que continúa practicando labores que forman ya parte de nuestra historia, está justificada. Ahora, puede apreciarse que hay amparos que deben aplicarse y ganarse en beneficio de mayorías, pero hay otros, asegura el Presidente, que sólo benefician a las minorías y los jueces se dejan llevar por el dinero.
