El INE, en la tormenta perfecta

En cualquier democracia es fundamental que existan mecanismos de control ciudadano para revisar el desempeño de gobernantes, someterlos a rendición de cuentas y, de ser necesario, retirarles la confianza y removerlos del encargo conforme a reglas y procedimientos establecidos. La incorporación de la revocatoria de mandato en la Constitución y ley mexicanas es un avance significativo para involucrar a todas y todos en la evaluación de quienes ejercen el poder político.

Como procedimiento de democracia participativa directa, la revocatoria debe activarse por iniciativa de ciudadanos organizados con apego a la institucionalidad democrática. En México, el actual ejercicio dista mucho de ser una evaluación del gobierno implementada por la ciudadanía y sí, en cambio, un mecanismo de presión para debilitar a la autoridad electoral. Veamos los argumentos siguientes:

Primero. La revocatoria en curso corresponde a un compromiso de campaña y a una instrucción presidencial dada a Morena y a todas las organizaciones afines. Los hechos demuestran que hubo grupos de ciudadanos en la recabación de las firmas, pero éstas aparecieron después de las discusiones sobre la aprobación de la ley respectiva y de insistentes llamados del primer mandatario. No fue la sociedad civil organizada ni personas en lo individual quienes la exigieron.

Segundo. Fue evidente la intervención de Morena y de múltiples grupos afines los que buscaron en tiempo récord, en plazos casi vencidos, el registro masivo de personas que se acreditaran ante el INE para recabar firmas, casi de un día para otro, ahí están los datos oficiales. Después vino la andanada de papel y de fotografías en la aplicación.