Los datos de la Comisión Federal de Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad está difundiendo un conjunto de datos vitales para entender la necesidad de realizar una nueva reforma eléctrica, que beneficie ahora a los consumidores domésticos, las familias, y el interés nacional. Entre otros, quiero destacar los siguientes:
Hasta 1999 la Comisión Federal de Electricidad participaba con el 100 por ciento de la generación de electricidad para el país. La sola actividad de esta empresa pública era suficiente para darle electricidad a todos los hogares y establecimientos mexicanos. No había necesidad de la participación privada. Esta fue inducida artificialmente desde el poder.
Debido a las reformas legislativas de Carlos Salinas y administrativas de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, para el año 2013 la participación de la CFE en la generación eléctrica ya había bajado a un 63 por ciento y la participación privada ascendía a un 37 por ciento.
En 2017, la CFE participaba con un 54 por ciento y los privados con un 46 por ciento. En 2018, la CFE tenía 52 por ciento y los privados 48 por ciento. En 2019, la CFE 45 por ciento y los privados 55 por ciento. En 2020, 39 por ciento y 61 por ciento respectivamente.
Si no hay reforma eléctrica, se calcula que para 2029, la CFE sólo generará el 16 por ciento de la electricidad y los privados el 84 por ciento. Y durante los años 30 de este siglo la generación de la CFE podría reducirse a cero y los privados llegar a tener el 100 por ciento. La CFE quedaría reducida (ese ha sido el objetivo de los neoliberales) a un simple organismo dedicado a subsidiar con recursos públicos y de los usuarios, la transmisión y distribución de la electricidad generada por los privados a través de la red de la nación.
Esto es así, porque la reforma heredada de la gestión de Peña Nieto:
• Obliga a la CFE a comprar la energía eléctrica a ciertas compañías extranjeras por períodos largos de 20 o 25 años con los precios más elevados y a dejar de adquirir y usar su propia generación de electricidad.
• Obliga a la CFE a permitir que supuestos y ficticios autoabastecedores de electricidad autogenerada usen la red pública de distribución a costos muy bajos (subsidiados por el Estado y los usuarios domésticos) para transmitir electricidad de un negocio a otro en lugares distintos y distantes en el territorio nacional.
