En busca de los archivos
Por Carlos A. Pérez Ricart
“Aun hoy, más de 20 años después de iniciada la (así llamada) transición democrática, los y las mexicanas seguimos sin tener acceso a los archivos de la Fiscalía General de la República (antes PGR), a los del Estado Mayor Presidencial, así como a los de la mayoría de las policías estatales (…)”.
Un logro reseñable en materia de memoria —y quizás el único que valga la pena mencionar— por parte del Gobierno de Vicente Fox fue el de lograr que, empezado su mandato, se transfirieran al Archivo General de la Nación (AGN) varios cientos de miles de documentos escritos o recabados por corporaciones vinculadas a la represión política durante la Guerra Sucia. Sobresalen los de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), dos de las instituciones que coordinaron y concentraron la represión política del régimen autoritario.
Las más de cuatro mil cajas que en aquel momento se transfirieron al AGN “abrieron la posibilidad archivística del estudio de un periodo muy reciente en la historia política de México”. Uno de los libros que abrió brecha para el estudio de la DFS y de su funcionamiento fue el de Sergio Aguayo, La Charola, publicado tan pronto como en 2001. A partir de ahí, han sido varios los libros, tesis, películas e informes los que han presentado evidencia de algo que ya se suponía pero no había sido plenamente documentado: la represión política en México fue extendida, meditada y cruel.
Tristemente la apertura de los archivos de la DFS fue una golondrina que no hizo verano. Era de esperarse que, con los años, otros conjuntos documentales relacionados con la represión siguieran el mismo derrotero y pudieran servir tanto para documentar investigaciones académicas como aquellas que buscaban la impartición de justicia. Lamentablemente no fue así. Aun hoy, más de 20 años después de iniciada la (así llamada) transición democrática, los y las mexicanas seguimos sin tener acceso a los archivos de la Fiscalía General de la República (antes PGR), a los del Estado Mayor Presidencial, así como a los de la mayoría de las policías estatales —entidades a las que terminaron por recalar en los años 80 varias de las figuras más importantes de la represión y que constituyeron el corazón del autoritarismo en México una vez que se extinguió la DFS en 1985. Asimismo, el acceso al Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional continúa siendo de acceso restringido.
En los últimos tres años hay signos de que algo ha empezado a cambiar: no mucho y no lo suficiente, pero algo ha empezado a transformarse. Negarlo es absurdo; reconocerlo es importante.
En segundo lugar, en 2019 se legisló una nueva Ley de Archivos menos regresiva que la de 2012. Su mayor éxito fue eliminar la nefasta noción de documento-histórico confidencial, idea que mucho convino a quienes querían reservar hasta por setenta años la consulta de varios documentos. En tercer lugar, y en una lógica de apertura, el 28 de febrero de 2019, el Presidente López Obrador publicó un acuerdo en el que ordenó a todas las oficinas del Gobierno de México entregar al AGN “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”. La noticia sorprendió a muchos y generó altas expectativas que — hay que decirlo— no han sido cumplidas pues la ejecución de la orden presidencial ha sido deficiente y abiertamente incumplida por las instituciones responsables, CNI, Ejército, Marina y Fiscalía General incluidos.
La Comisión de la Verdad, y en particular el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico del que formo parte junto con otros cuatro compañeros y compañeras, tiene como uno de sus mandatos presentar un plan de procesamiento y apertura de archivos históricos. La tarea será continuar y extender a todo el país una ruta de acceso y desclasificación de todos los acervos históricos relacionados a graves violaciones a los derechos humanos acontecidas entre 1965 y 1990. Del resultado de nuestro trabajo y de la coadyuvancia con el resto de las instituciones estatales, dependerá que este esfuerzo no sea, como en 2002, una simulación más sino un nuevo capítulo en el estudio histórico de nuestro pasado reciente.
El reto es enorme; nuestro compromiso por cumplir nuestra tarea también.
