Mucho ruido y pocas nueces

¿Tiene sentido y viabilidad plantearse una reforma electoral como la propuesta por el Presidente López Obrador? ¿tiene sentido cuando incluye propósitos que van al corazón de la institucionalización democrática y que esto puede cambiar lo existente? Claro.

Sin duda todas las leyes constitucionales y reglamentarias son reformables pues obedecen a una circunstancia histórica y, a unos acuerdos políticos específicos que, cuando cambian, es obligado realizarlos en beneficio del proyecto de una mayoría suficiente o de un nuevo acuerdo entre distintos partidos que hacen la representación nacional.

Así fue, hasta ahora.

El PRI, como partido de Estado y hegemónico, impulsó las reformas electorales liberalizadoras de 1946, 1963 y la grande de 1977 que creó un nuevo sistema electoral y de partidos.

Luego por la vía de los acuerdos interpartidarios se amplió la representación política y hubo una nueva distribución del poder producto del cambio vía elecciones.

A diferencia de otros países donde hubo pactos entre las élites y se transitó desde sistemas autoritarios a sistemas democráticos, como sucedió en muchos países en América latina, en México los acuerdos políticos fueron por la vía de reformas electorales.

Y así, como antes con sus antecesores, el Presidente López Obrador presentará su iniciativa de reforma electoral que tendría tres objetivos centrales: Modificar el mecanismo de elección de consejeros y magistrados electorales del INE y el TEPJF, la federalización del sistema electoral lo que significa la desaparición de los institutos estatales y la reducción de los diputados plurinominales.

El argumento, reducir el costo de las elecciones…pero, no solo eso, en política, como en todas las grandes decisiones de la vida, tiene siempre consecuencias y resistencias.

Nos dice el Presidente que de aprobarse la primera reforma cada uno de los poderes públicos deberá proponer 20 candidatos paritariamente de hombres y mujeres y estos serían “votados por el pueblo” y quienes resulten ganadores, serían los que integren los órganos y tribunales electorales.

Una propuesta en la línea de pensamiento del Presidente y si no viniera desde Palacio Nacional, seguramente, no se vería responsable ya que el mecanismo vigente para elegirlos está construido con el cemento de la trayectoria, los méritos y las aptitudes de los convocados y es la Cámara de Diputados quien finalmente los elige y en los estados las legislaturas locales.

Sin embargo, el diseño institucional fuera impecable si no hubiera el llamado sistema de cuotas partidarias, es decir, que se reparten de acuerdo con el número de diputados les corresponde proporcionalmente elegir consejeros y magistrados -que bien lo recordó el Presidente.

Y ese tipo de acuerdos entre los líderes de las fracciones parlamentarias no es legal, pero, es un uso y costumbre muy institucionalizado en las prácticas legislativas.

Eso no significa necesariamente que cada consejero y magistrado electoral este obligado a votar en el sentido de su promovente porque su quehacer lo determina la Constitución y la ley reglamentaria en materia electoral y, recuérdese, que estos están sujetos a juicio político en caso de incumplir la ley.

Entonces, el problema de esta mala práctica legislativa es que busca resolverse a través del “voto del pueblo” sin considerar primero que para reformar la ley se necesita tener la mayoría calificada del partido del Presidente y sus aliados.

Y eso no ocurre con la actual composición de la Cámara de Diputados que está fragmentada en nueve partidos donde ninguno de ellos tiene ya no digamos la mayoría calificada, sino la absoluta.

Podría ocurrir, entonces, lo mismo que estamos viendo con la iniciativa de reforma eléctrica donde Morena y sus aliados no hacen mayoría calificada y la oposición no parece dispuesta a brindarle los votos para que la tengan.

Y es que ¿cuáles incentivos podría tener la oposición cuándo para votar a favor si una votación podría significar que los órganos y tribunales estén en manos del partido del Presidente en turno?

No veo por ningún lado los incentivos políticos para votar a favor en esta parte de la iniciativa que notoriamente tiene rasgos populistas y que podrían atentar contra los principios rectores de la función electoral que son “certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, así como a los valores organizacionales de confianza, tolerancia, compromiso, transparencia y rendición de cuentas”.

Y, peor, que termine por provocar lo que se supone quiere evitarse que son “los fraudes electorales” y los “excesos” de consejeros y magistrados.

¿Hace falta una nueva reforma a la ley electoral?

Sí hace falta una serie de reformas a la Constitución y la ley reglamentaria en materia electoral, pero no en el sentido de que se vote a los consejeros y magistrados que mal que bien se hace a través de sus representantes en el Poder legislativo ¿o acaso no es el fundamento de la representación republicana abrevar la relación entre el Estado y el pueblo? ¿o acaso no se está buscando ahorrar dinero? Las elecciones cuestan.

Lo planteado por López Obrador sobre el INE, por momentos, parece menos una cuestión de Estado y más una rencilla personal con los consejeros electorales y, especialmente con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que se van en 2023 como está previsto en la ley.

Claro, se necesita modificar la ley, para que no cuesten tanto las elecciones y los partidos políticos que consumen anualmente decenas de miles de millones de pesos y en ese sentido, que bien la revisión del número de los diputados plurinominales que les pegaría a los partidos pequeños en beneficio del grande o los grandes y lo mismo con la propuesta de desaparición de las instituciones electorales estatales en beneficio de un gigante electoral que sería en el imaginario presidencial el nuevo INE.

Esa sería la gran reforma aun con todos los peros que involucra especialmente la desconfianza entre los actores políticos y solo reduciendo o despareciéndola podemos empezar el proceso de simplificación institucional que no veo que vaya a tener muchos aliados en el Poder legislativo y si sería fácil una que buscaría evitar que los partidos puedan saltarse las reglas del juego como está sucediendo en estos días con el tema de la consulta constitucional sobre la revocación de mandato.

La ley, la mala ley, diseñada por los diputados federales prevé que los gobernantes y partidos no pueden intervenir llamando a votar o no votar por el Presidente en turno.

Que deben abstenerse de hacerlo, sin embargo, tenemos que se votó en el Poder legislativo un decreto, un decretazo presidencial, para poder evadir la ley lo que inmediatamente el tribunal electoral calificó como “inaplicable …porque no se realiza una interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental”.

Visto así estamos metidos en una atmosfera contaminada por el irrespeto a la ley y eso esta trayendo una mayor polarización en el país que habrá de tener efectos en la consulta de revocación de mandato y, peor, si no satisfacen los resultados de participación ciudadana.

En definitiva, ¿qué caso tiene llevar una iniciativa de reforma electoral con las características que se perfila? cuando seguramente pasará lo mismo que podría suceder con la reforma eléctrica donde hay mucho ruido y pocas nueces.

Por eso es pertinente preguntarse sobre el sentido y la viabilidad de esta reforma.