AICM: lo peor está por venir
Después de ver tan enojado al presidente Andrés Manuel López Obrador porque su aeropuerto Felipe Ángeles era un mamut blanco por la carencia de vuelos, y las amenazas y presiones a las aerolíneas para que trasladaran operaciones a Santa Lucía, la crisis en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez parecía un traje cosido en Palacio Nacional para darle gusto. El acuerdo con tres aerolíneas para trasladar 100 operaciones –alrededor de 50 vuelos– al nuevo aeropuerto, sin hablar de los riesgos en el espacio aéreo y la crisis de controladores, que provocó esa reunión, reforzó esa idea. Sin embargo, no es así. La verdad es peor.
La reunión convocada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ante la absoluta falta de credibilidad, legitimidad e interlocución del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, y la forma comedida como las aerolíneas accedieron a trasladar más de 100 operaciones diarias del Benito Juárez al Felipe Ángeles, se puede argumentar que fue respuesta al desastre propiciado por ellas mismas –no por el espacio aéreo ni los controladores–, con el aval del incompetente director del AICM, Carlos Morán, y ante el cercano colapso del viejo aeropuerto capitalino.
Para que esté más claro, si usted cree que estamos viviendo la peor crisis en la historia del AICM, se equivoca. Lo peor está por venir si no se toman las medidas correctas para cambiar el rumbo que conduce a una calamidad nunca antes vista. Lo que tenemos enfrente será más saturación, más demoras y horas perdidas para los pasajeros en tierra y aire, más incidentes de gravedad, y un desastre cocinándose por la negligencia, donde la Terminal 2 podría, literalmente, colapsar.
La irresponsabilidad de Morán y la voracidad de las aerolíneas son las que provocaron la crisis. El gobierno claudicó cuando Morán permitió que las aerolíneas gobernaran el aeropuerto. Dejó que organizaran sus operaciones y vuelos sin que la autoridad las regulara y contuviera. La manera como la hicieron no fue ilegal, porque se respaldaron en la circular DGAO/OC6 del 13 de octubre de 2016, del gobierno de Enrique Peña Nieto, donde el AICM les informa –todas firmaron de recibido– que serían las aerolíneas las que deberían arreglarse entre ellas, conforme a sus necesidades, y sólo informarle lo que habían decidido.
