Reforma energética, ¿para adelante o para atrás?
La administración entrante ha empezado a dar algunos detalles sobre el rumbo que tomará la política energética en los siguientes años.
Aunque durante la elección las señales apuntaban a que por lo menos algunas partes de la reforma energética se echarían para atrás, en las palabras de la próxima secretaria de Energía no habrá cambios inmediatos a las leyes y la idea es ir para adelante y no para atrás.
La prioridad inmediata, según explica la futura secretaria, es aumentar la producción y para ello se trabajará con el marco regulatorio existente.
Sin embargo, y en contraste con estas declaraciones, se ha reiterado la intención de volver a controlar los precios de los energéticos por lo menos por los siguientes tres años.
Esta decisión prácticamente echaría para atrás los avances que se han logrado principalmente en el mercado de gasolinas. Por primera vez, contamos con competidores e inversiones que prometen ampliar la red de distribución y la oferta de combustibles, pero para ello requieren de precios confiables que reflejen el verdadero costo de producción, transporte, distribución, etcétera. Un precio controlado pone en riesgo el futuro de este proceso.
Por el lado de los consumidores también sería un retroceso. La administración actual tuvo la mala fortuna de iniciar el proceso de liberalización del precio de la gasolina cuando los precios internacionales iban al alza. Para los siguientes años se espera que los precios estén por debajo del nivel actual, entre menos 2.0 y menos 4.0 por ciento en 2019. Fijar el precio en términos reales, como se anticipa, implicaría un incremento igual a la inflación, la cual se espera cercana a 4.0 por ciento el próximo año. Es decir, los consumidores en lugar de beneficiarse con una reducción natural del precio, estarán pagando entre 6.0 y 8.0 por ciento adicional, esto sin considerar el efecto del tipo de cambio que según las expectativas de los analistas también tendría un impacto a la baja en los precios.
Finalmente, desde el punto de vista de las finanzas públicas, la reforma buscaba dar certidumbre a los ingresos por consumo de gasolinas a través de una cuota fija por cada litro. Implementar una política de precios fijos implicaría regresar a un esquema de incertidumbre en los ingresos del gobierno por este concepto, teniendo el potencial de convertirse en un subsidio real (en el caso de una subida inesperada de precios) que desvíe recursos de otros programas sociales o proyectos de inversión.
Con esto, si el objetivo de la administración es aumentar la producción de combustibles, ojalá pueda resistir la tentación de controlar los precios, aprovechar que la coyuntura puede llevar los precios a la baja el siguiente año y mandar una señal de certidumbre tanto a los inversionistas en la parte baja de la cadena como a aquellos que están siguiendo de cerca que las cuentas fiscales se mantengan en orden. Esto sería seguir para adelante.
