Legislan al vapor y olvidan al pueblo

En el Congreso todo se hace rapidito y de buen modo, al gusto del cliente principal, sin importar que las leyes que aprueban tengan tantos resquicios, en algunos casos son boquetes, por donde se cuelan las controversias constitucionales o los amparos.

Así sea una Iniciativa Presidencial, una nacionalización o un ordenamiento, todo se legisla sin la ponderación necesaria, para que, al final del día, quede sin efecto o no represente beneficio alguno para la gente.

Se inventó la fórmula del parlamento abierto para darle un tinte democrático a las leyes que aprueban, sin embargo, hasta hoy, la mayoría de las opiniones vertidas en esos foros no han servido para casi nada y en el mejor de los casos, para el anecdotario o para elaborar libros de consulta.

La gran mayoría de las ponencias presentadas por los expertos son de gran valía por lo que, seguramente en el futuro, se ocuparán para corregir el Frankestein aprobado por la anterior Legislatura y por supuesto, está en donde predominó la mayoría de Morena y rémoras que los acompañan.

El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, advirtió que “ya basta de seguir legislando al vapor”, luego de que el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, adelantara que en próximos días se convocará a reuniones de “Parlamento Abierto” para tratar el tema de la iniciativa de reforma electoral, enviada por el Ejecutivo Federal.

“Se le olvida al diputado Mier que él solo es coordinador de uno de los siete grupos. No pueden convocar a un Parlamento Abierto. No hay período ordinario, no habrá extraordinario, lo hemos dicho en el bloque ‘Va Por México’ y, por lo tanto, ya que inicie el período, y hayan pasado las elecciones, podremos discutir lo que convenga a nuestro país en materia electoral; pero más bien hay que hablar de los grandes problemas que tiene México”, recalcó.

En lugar de discutir una reforma electoral, es necesario debatir, por ejemplo, sobre la inseguridad que aqueja al país, que ha derivado en un récord de más de 100 mil personas desaparecidas, o sobre la pérdida del poder adquisitivo por la inflación.

Como a López Obrador le urge que se apruebe su reforma electoral para mantener su proyecto político en el poder luego del 2024, los oficialistas en el Congreso están haciendo de todo para atender “el respetuoso llamado del presidente de México”.

El diputado indicó que la propuesta de reforma electoral que hará su partido será en consonancia con el grupo parlamentario del Senado de la República. “No hay prisa de presentar las propuestas porque esto se va a discutir hasta que inicie el período ordinario”.

“Ya lo habíamos platicado y dijimos en su momento que el PAN presentaría la suya, el PRI también, y el PRD; pero anticipo: En los términos que la mandó el presidente, y si intentan repetir lo que sucedió con la Eléctrica ¡no va a pasar! Entonces, no tendría mucho caso una discusión”.

Tiene razón el legislador, las necesidades de la gente son muchas y son diferentes a las prioridades que tiene el Jefe del Ejecutivo Federal, por ello, aún en la víspera de las elecciones del 5 de junio con las que se renovarán seis gubernaturas, es menester que se apliquen a atender las demandas de la población.

Más de la mitad de los mexicanos viven en condición de pobreza o marginación extrema y a pesar de ello, la clase gobernante se obstinan en cristalizar una agenda legislativa con temas ajenos al interés del grueso de la sociedad.

Legislan al vapor y en temas que solo son de relevancia para el presidente.

En cuanto a la reforma electoral, es un hecho que se mantendrá el INE y que se reducirá el gasto de la democracia, además de que se reducirán el número de diputados y senadores, sin afectar la representación de las minorías.

Ante el colapso del sistema de salud pública, los efectos de la pandemia, la inflación, la violencia e inseguridad y en general la crisis económica, los legisladores de Morena, PT y PVEM son omisos y en cambio, se agachan y aceptan sin chistar lo que les manda el principal huésped de Palacio Nacional.

Más responsabilidad social y menos lambisconería. Más análisis y discusión, en lugar de legislar al vapor.

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