Por el derecho a la vida
En un hecho inédito en pasados días fue filtrado el dictamen que anularía la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en materia de aborto, emitida por el caso Roe contra Wade. Dicho fallo despenalizó, en 1973, el aborto en Estados Unidos afectando las leyes de 46 estados norteamericanos en claro exceso de atribuciones por parte de la Corte.
De darse la discusión, ésta se centrará en si se revierte o no el fallo que estableció el “derecho constitucional al aborto” en el país vecino y cuya derogación significaría la comprobación de que la resolución de la Corte invadió facultades de otro poder, ya que la regulación del aborto no puede ser una determinación exclusiva del Poder Judicial, sino por la decisión democrática de los congresos locales.
Hay que señalar que la sentencia de Roe contra Wade abrió la puerta a políticas públicas norteamericanas que permitieron el uso de recursos públicos para financiar la práctica de abortos, de tal modo que si se deroga se eliminarían estas concesiones en beneficio del derecho a la vida de niñas y niños por nacer. Asimismo, se adoptarían nuevas disposiciones y lineamientos en materia de salud de cada estado que favorecerían la protección de este derecho fundamental.
De igual modo hay que decir que por casi cinco décadas, este fallo ha sido considerado el precedente judicial más relevante de la época moderna en materia de aborto, por lo que su anulación abonaría al panorama normativo general que prevalece en la mayoría de las entidades federativas estadounidenses que con mayor frecuencia optan por reconocer el derecho a la vida desde la concepción.
Se espera que la discusión de esta sentencia sea a finales de junio próximo o principios de julio y, sin duda, la anulación del fallo sería una revaloración de las entidades federativas para regular las prohibiciones concernientes en materia de aborto, sin injerencia de un activismo judicial.
El documento que sería presentado por Samuel Alito, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha sido autentificado por el propio Tribunal, lo que garantiza su validez y evidencia que hay un reconocimiento de que no existe el llamado “derecho al aborto”, pues en su opinión: “La Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”.
La discusión del caso Roe contra Wade posibilita la corrección de disposiciones que, en su momento, atentaron en contra el derecho principal y el más importante del ser humano.
En Early Institute hacemos un llamado a proteger el derecho a la vida de niños y niñas por nacer y el reconocimiento de falsos derechos es un paso para restituir los agravios que se han cometido en su contra; y hacer valer la autonomía de los poderes del Estado, privilegiando las acciones democráticas a través de los congresos locales y no por determinaciones de un Poder Judicial.
