Colegialidad, ‘divino tesoro’; una aventura democrática
A mis amigos y compañeros comisionados del INAI por ocho años: Oscar Guerra Ford y Eugenio Monterrey Chepov.
Si algo sintetiza la transición democrática en México, son los organismos públicos colegiados. Concretamente, los Órganos Colegiados Autónomos respecto del Poder Ejecutivo, fuente del poder unipersonal y de la concentración pública. Allí descansa la clave democrática de la justificación de la colegialidad. La ancestral: el origen de los parlamentos y de los tribunales, para garantizar soluciones estratégicas: equilibrios de la representación política y la imparcialidad de los jueces, respectivamente. Sin embargo, la nueva colegialidad radica en los OCA, por sus siglas: Órganos Constitucionales Autónomos, y su primera seña de identidad común tiene que ver con la urgente necesidad de reemplazar al Poder Ejecutivo al nombrar o determinar el nombramiento de los integrantes o cotitulares de los OCA, cuestión a cargo del Legislativo (ambas cámaras, en algunos casos los nombra la de Diputados y, en la mayoría, el Senado).
Los OCA no sirven aislados, requieren actuar en conjunto y cada cual por su vía. Cada uno de los OCA desempeña funciones que en el pasado, durante el largo periodo del régimen autoritario mexicano, fueron parte de las competencias formales e informales del inmenso e incuestionable Poder Ejecutivo Federal.
Los OCA no son un ‘cuarto poder’, algunos son transversales en tanto supervisan y corrigen los errores de los poderes clásicos y de los demás órganos autónomos; es el caso del INAI, que señala y ordena hacer efectiva la transparencia y el correcto tratamiento de los datos personales.
Al lado -pero no subordinados- de los tres poderes públicos, la división clásica del poder depositada en un Ejecutivo, Legislativo y Judicial, brotaron los OCA. Y eso fue para desarrollar funciones exclusivas de control diferenciado a las gestiones de los tres poderes, según la naturaleza técnica de su competencia y sus especificidades.
Si en democracia, ni los derechos humanos reconocidos y protegidos son absolutos, menos aún pueden existir instituciones públicas incuestionadas e incuestionables.
Aparte. Hace ocho años el pleno de la Cámara Alta decidió la primera integración de lo que hoy conocemos como el INAI, que tras la reforma constitucional de 2014, ensanchó las competencias constitucionales del organismo del gobierno federal (IFAI), para convertirlo en un OCA encargado de hacer a las instituciones y dependencias públicas de la Federación, incluidos los sindicatos y los partidos políticos de corte nacional. Así, llegamos Ximena Puente, Areli Cano, Patricia Kurczyn, Joel Salas, Oscar Guerra, Eugenio Monterrey y un servidor. A partir de entonces y hasta el 31 de marzo del año que corre, he sido colega de Oscar y Eugenio, dos grandes impulsores de la causa de la transparencia desde la operación de los organismos garantes creados para tal objeto desde sus comienzos, ellos forjaron la causa de la apertura en los estados; son impulsores del federalismo de la causa común, el primero desde el INFODF hoy INFOCDMX y el segundo desde el INFOEM y cada uno cuando presidieron la COMAIP, respectivamente.
En ocho años de permanente contacto, coincidencias y diferencias, aprendí a escuchar las opiniones de Oscar y de Eugenio, a respetar su criterio, pero lo más importante y, es mérito compartido, supimos, quisimos y pudimos construir consensos en favor de la institucionalidad.
Aunque no fuimos nombrados por elección senatorial, en mayo de 2014, para hacernos amigos, lo somos y no ha sido difícil. Sus cualidades humanas y el talento profesional de ambos me hicieron, primero, admirarlos y después apreciarlos. Seguramente, ambos estarán pronto en otras latitudes del servicio público en donde podremos seguir caminando por el sendero de la correspondencia republicana.
