Enfrenta prisión preventiva forzosa a Gobierno y Corte
Un tema que casi había pasado desapercibido, el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, motivó la queja del Gobierno de la 4T.
Desde el Presidente de la República, las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación, hicieron un llamado a la Corte para que “a la hora de votar’’ consideren a las víctimas del delito.
Según el Gobierno, dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, como propone el ministro Luis María Aguilar, provocaría que los jueces cometan actos de corrupción y expongan sus vidas.
“Plata o plomo’’, aseguran.
Es la posición del Gobierno, que en 2019 logró una reforma judicial para ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva de oficio.
Hubo un amplio debate para evitar que la reforma se concretara, pero la mayoría legislativa de Morena y sus rémoras se impusieron.
De esta forma, se sumaron al catálogo de delitos los siguientes:
Los delitos electorales relacionados con el uso de programas y recursos públicos; los relacionados con el robo de hidrocarburos (para combatir el huachicol), robo de transporte de carga, posesión, acopio o portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos cometidos con violencia -asalto a transeúnte, asalto a casa-habitación, robo a mano armada, robo en transporte público).
Delitos relacionados con la desaparición forzada, nuevas modalidades de delitos contra la salud, trata de personas, fabricación de facturas falsas, abuso sexual a menores, fraude fiscal por hasta 8.7 millones de pesos y enriquecimiento ilícito.
Se amplió también el catálogo de delitos que se concentran en el rubro de delincuencia organizada.
El proyecto del ministro Aguilar es por dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa pues afecta más ostensiblemente a los grupos con menos recursos para defenderse adecuadamente.
El Gobierno de la 4T ha utilizado la aplicación de esta medida como fundamento para exaltar los resultados del combate a la delincuencia.
Pero, como asegura el ministro Aguilar en su proyecto, hasta junio pasado había 226,916 detenidos, de los cuales 40.8%, unos 96,595, permanecían sin sentencia luego de meses encarcelados.
El debate debe motivar la discusión en toda la sociedad pues por una parte la Corte pretende cuidar los derechos humanos, incluida la presunción de inocencia, y por otra, el Gobierno pretende que la medida siga pues “responde a una petición social’’.
Usted tiene la palabra.
Justo con la idea de agilizar la justicia, el Poder Judicial del Estado de México realizará un análisis y revisión de todos los tipos penales que tiene el Código Penal de la entidad.
El presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi, propone replantear la política criminal, como el combate directo al robo en transporte público y el fortalecimiento de la justicia cívica, sin sancionar penalmente conductas antisociales.
Se trata de que los delitos considerados menores, sean tratados como faltas administrativas; que haya una mediación entre las partes antes de llegar al ministerio público y que privilegie sobre todo la reparación del daño a las víctimas.
Esta es la primera vez en 20 años que se hace una reflexión profunda del Código Penal en el Estado, con el propósito de combatir de manera integral el delito y dejar de lado la idea de que con el incremento desmesurado de penas se soluciona algo.
A ver
La CANACO reconoció la gestión de Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno de la CDMX al haber permitido la reapertura de los negocios durante la pandemia lo que evitó pérdidas económicas y de empleos mayores.
