Aquellos 72 migrantes
Por Alejandro De la Garza
Los migrantes procedían en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque también había un ecuatoriano y un brasileño.
El sino del escorpión ha atestiguado —como todos los mexicanos— la violencia criminal esparcida por el territorio nacional al menos desde 2006, cuando Calderón declaró la “guerra contra el narco” y se desató el infierno en la tierra. Por ello, no quiere dejar pasar la fecha para recordar una de las masacres más terribles y bárbaras ocurrida en el país de las masacres terribles y bárbaras. Este agosto se cumplieron 12 años del asesinato múltiple de 72 personas migrantes a manos de Los Zetas, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y, a la fecha, aunque 15 delincuentes involucradas están en prisión, no hay ninguna sentencia por ese crimen específico, aún faltan nueve cuerpos por identificar y se mantiene la inconformidad con la identificación de los cuerpos en siete familias de las víctimas.
Las 14 mujeres y 58 hombres migrantes asesinados de un tiro en la cabeza en el ejido tamaulipeco de El Huizachal, entre el 22 y 23 de agosto de 2010, no fue ni con mucho la primera masacre del sexenio, sino que se sumó a una larga lista. Apenas en enero de ese mismo año había ocurrido la masacre de Villas de Salvárcar, donde fueron victimados cerca de 60 estudiantes del Colegio de Bachilleres en Ciudad Juárez. No obstante, la muerte de los migrantes cobró gran relieve mediático dentro y fuera del país y atrajo la atención internacional —tanto de la prensa y los organismos internacionales de derechos humanos como de los gobiernos de los cinco países de donde procedían los migrantes—, sobre las condiciones de violencia criminal imperantes en nuestro territorio.
El alacrán abrevia los hechos de la tragedia. Los migrantes procedían en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque también había un ecuatoriano y un brasileño. Viajaban en dos camiones con rumbo a la frontera con Estados Unidos guiados por polleros y traficantes de personas. Salieron de Veracruz el sábado 21 de agosto con la intención de pasar la noche en algún poblado fronterizo de Tamaulipas, un estado dominado por Los Zetas y gobernado por el priista Eugenio Hernández Flores, quien estaba a punto de terminar un sexenio tan complicado y violento, que en junio de ese año había sido asesinado el candidato ganador de las elecciones, Rodolfo Torre Cantú, quien sería sustituido como nuevo gobernador por su hermano Egidio.
Al parecer, los migrantes fueron secuestrados el domingo 22 de agosto por Los Zetas y llevados a un galerón bardeado, sin techo ni piso, del ejido El Huizachal, para forzarlos a unirse a la actividad criminal —probablemente el sicariato y el transporte de droga—, a lo que los migrantes se negaron. En respuesta, esa noche los captores, siete u ocho personas, asesinaron de un balazo en la nuca a los 75 migrantes, aunque luego se sabría de tres sobrevivientes. Uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Fredy Lala Pomavila, quien, baleado en el hombro y la mandíbula, espero la salida de los asesinos para escapar. En su huida se topó con un hondureño que se había ocultado antes de la masacre. Fue Freddy quien a las 7 de la mañana del martes 24 de agosto llegó hasta un retén militar y dio aviso de lo ocurrido. Más tarde, un grupo armado de la Marina pudo llegar hasta el lugar y comprobar el asesinato de 72 personas.
La noticia conmocionó a la sociedad, pero, como es lo ordinario en el sistema judicial, el caso se sumaba a muchos otros en un contexto de violencia extrema, por lo que todo se apresuró torpemente para cerrar lo más pronto posible la indagación de la masacre. Hubo errores, negligencia y falta de sensibilidad en los procesos de identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas. Los familiares no recibieron ni documentación ni información alguna de los procesos de identificación hasta que intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que concluyó su investigación del caso en 2013 con una recomendación donde puntualizó las deficiencias y errores del todo el proceso, desde el levantamiento de los cuerpos, su resguardo e identificación, hasta la entrega de los restos. En consecuencia, ese año se creó una Comisión Forense para supervisar todo el caso y dar apoyo a las familias de las víctimas y, hasta hoy, continúa ese proceso. La Comisión ha solicitado algunas exhumaciones para verificar las autopsias y la identificación, pero estas exhumaciones no se han llevado a cabo.
El escorpión lee en Sinembargo.mx la nota de Tamara Mares Rivera “A 12 años de la masacre de San Fernando, familias todavía esperan que haya justicia”, publicada hace unos días, así como la de Sugeyry Romina Gándara, publicada aquí mismo en 2020: “San Fernando: La masacre de 72 personas que marcó la guerra de Calderón cumple 10 años impune 2020”. Ambas notas profundizan en diversos aspectos de esta tragedia mayúscula, un crimen irresuelto, a pesar de la aprehensión de 15 personas y las sentencias dictadas contra dos de ellas en 2021, aunque no por los hechos de San Fernando, por los cuales no hay nadie imputado directamente.
El alacrán quisiera despertar de esta pesadilla en la que el crimen organizado y Calderón sumieron al país, pues durante su sexenio aumentaron 194 por ciento los homicidios dolosos respecto al sexenio anterior, pero como bien sabemos y lamentamos, la pesadilla continúa y aún hay más horrores por descubrir. El escorpión exige, como tantas y tantas voces, castigo a los culpables políticos de este infierno.
