Guardia Nacional: patear el balón hacia adelante
Por Carlos A. Pérez Ricart
“En principio, llevar la Guardia Nacional a la Sedena resolvería muchos de estos desempates administrativos que, insisto, no son menores. El dilema está ahí. Es una situación que hay que atender”.
Lo peor es la ambigüedad.
La iniciativa presidencial en favor de la transferencia del control de la Guardia Nacional a la Sedena es otra oportunidad desaprovechada para repensar el futuro de la seguridad pública en México. Pretende superar un problema estructural, pero, en la práctica, es menos que un parche; no resuelve: patea el balón hacia adelante. Es ambigua.
En una columna anterior describí algunos de los problemas laborales y jurídico-administrativos que supone el haber creado una institución supuestamente civil a partir de personal eminentemente militar (1). No son menores. Para entender sus dimensiones valga el siguiente dato: el 77 por ciento de los individuos que componen la Guardia Nacional son personal militar; esto es: fueron prestados por el Ejército a la Guardia Nacional en calidad de “comisionados” sin certeza sobre su antigüedad, beneficios y futuro profesional en una institución ambigua y tambaleante. En principio, llevar la Guardia Nacional a la Sedena resolvería muchos de estos desempates administrativos que, insisto, no son menores. El dilema está ahí. Es una situación que hay que atender.
Sin embargo, el problema es que la iniciativa presidencial no resuelve el Frankenstein. Por el contrario: patea el balón hacia adelante. En la propuesta ya avalada por la Cámara de Diputados se insiste en que “La Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, pero […] bajo el control operativo y administrativo de la Sedena”. Hacen falta clases de hermenéutica para entender y explicar lo que esto supone en la práctica. Lo intentaré resumir en una frase: que recursos presupuestales etiquetados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana van a ser ejercidos por la Sedena . Así de sencillo, así de absurdo. Se trata de una forma tramposa de darle la vuelta al texto constitucional que señala que la “Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil”. Es un fraude a la Constitución que, además, viene acompañado de despidos masivos al personal realmente civil de la Guardia Nacional y que no resuelve el conflicto de la doble responsabilidad sobre recursos presupuestales. El problema original no solo no se resuelve; se potencia.
Asumiendo que el Senado respalde la propuesta del Presidente, el día después de su aprobación comenzará la lluvia de amparos, litigios y acciones de inconstitucional. La incertidumbre jurídica será la norma en toda la operación de la Guardia Nacional durante los siguientes meses. Esto quiere decir que, al menos hasta el final del sexenio, no habrá claridad sobre el futuro de la institución. No es una buena noticia en un escenario electoral todavía nebuloso.
Esta era una buena coyuntura para repensar el papel del Ejército mexicano. Como muchos, estoy convencido de que en un contexto de violencia estructural el papel de los militares es necesario. El poder de fuego de las bandas criminales y su capacidad para corromper y asesinar a los cuerpos policiales que trabajan desde lo local hace compleja la construcción de una vía enteramente civil (2). Dicho de otro modo: es casi inevitable (al menos en el corto plazo) que parte de la fuerza de seguridad del Estado tenga un componente militarizado. Sin embargo, no a cualquier precio, ni de cualquier forma.
Las preguntas —al menos las preguntas que a mi me interesan— tienen que ver con las formas, modos, límites de ese papel, así como con la forma en que la deberá reconfigurarse el Ejército en un contexto muy distinto al que fue creado y en el que se ha desarrollado. Preguntas claves apenas se tocaron en el debate público y fueron obviadas en el legislativo, por ejemplo: ¿sigue siendo conveniente que, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, a la Sedena la dirija un general de división y no un civil?, si es el caso ¿por qué?, si no lo es ¿por qué no?; ¿es necesario que las guardias nacionales mantengan el fuero militar en un contexto de abuso generalizado por parte de las fuerzas de seguridad?, ¿sí, por qué?, ¿por qué no?; ¿puede Sedena garantizar el buen uso de los más de 150 mil millones de pesos que tendrá a su disposición el siguiente año?, ¿tiene el blindaje institucional necesario?, ¿necesita mecanismos de supervisión externa?; ¿cuál es la relación que deberán mantener las policías estatales con la Guardia Nacional?, ¿horizontal?, ¿jerárquica?. Y de manera más en general y realista: ¿cuál será la relación entre el poder civil y el poder militar en los siguientes años? No solo no hubo respuestas, tampoco el mínimo intento de generar un acuerdo nacional que legitimara una decisión con consecuencias de largo aliento y muy difícil de revertir.
Lejos de fortalecer a la Guardia Nacional, la propuesta presidencial deja más dudas que certezas. No resuelve los problemas que pretendía zanjar y, por el contrario, abre una grieta más en la discusión pública sobre el asunto —una grieta que pasará factura más pronto que tarde. Llevamos quince años en este desastre y quince años de soluciones improvisadas; quizás sea buen momento para dejar de patear el balón hacia adelante.
