Policías pobres, pobres policías

Se está acabando el plazo de 10 días que se dieron Morena y el PRI en el Senado para consensuar una reforma constitucional que permita extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública y no se conocen avances.

Salvo lo expuesto por el senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín (por cierto, el único priista que ganó su escaño en las urnas en 2018), en el sentido de que habría una supervisión más estricta al cumplimiento de lo pactado e incluso que un organismo internacional vigile la actuación de los militares, no se conoce nada más.

Pero el acuerdo, si ocurre, nacerá muerto si no se vincula al presupuesto de egresos para los próximos años.

El Gobierno de la 4T desmanteló el fondo que aportaba recursos a los estados y municipios para la capacitación y modernización de sus policías.

Prácticamente los dejó a su suerte, de tal forma que resultaba casi imposible exigirles resultados a corporaciones que apenas tenían para pagar la nómina quincenal.

En contraparte, a las fuerzas militares, incluida la Guardia Nacional, el presupuesto se les amplió, pese que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, su presencia en las calles no ha contribuido a reducir los índices de criminalidad.

Un ejemplo: el año pasado, personal del Ejército, presentó ¡solo a 6 detenidos por homicidio!, cuando la cifra oficial de homicidios fue de 35,625 según cifras del Inegi.

Evidentemente no hay una correlación entre el número de detenidos con el número de víctimas.

Si el acuerdo que tejen el PRI y Morena en el Senado no pasa por el fortalecimiento del presupuesto para equipar y capacitar a las Policías estatales y municipales, igual pueden votar por prolongar por 20 más la presencia militar en tareas de seguridad pública, porque nada va a cambiar.

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Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección para gobernador de Tamaulipas por lo que Américo Villarreal tomará posesión del cargo el próximo sábado.

Salvo algunas observaciones que se hicieron al proyecto del magistrado José Luis Vargas, el proyecto pasó sin mayores contratiempos.

Ninguno de los magistrados (6, además del ponente), validaron las pruebas que ofreció el PAN para demostrar que hubo complicidad entre el candidato ganador y su partido (Morena) con la delincuencia organizada.

Sin embargo, sí reconocieron que las tres corcholatas favoritas de Palacio Nacional (Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard) y funcionarios locales, incurrieron en violaciones a la equidad, la neutralidad y la imparcialidad del proceso.

Peeeeero como no fueron consistentes y sistemáticas; es decir, que nomás fueron poquitas, no se consideró que afectaran el proceso electoral.

Eso sí, para que no se repita, le dieron un plazo de un mes al INE de Lorenzo Córdova, para que emita el reglamento o lineamientos para que no se repita.

Incluso que se norme la intervención de los llamados “siervos de la nación’’ en los procesos electorales.

Las pruebas que presentó el PAN para demostrar que hubo coacción de la delincuencia organizada y un clima generalizado de violencia, así como el financiamiento de la delincuencia organizada a las campañas de Morena en Tamaulipas fueron desechadas por falta de sustento legal.

Básicamente se trató de pruebas recabadas de medios de comunicación.

Ganaron Morena y sus aliados, está por verse, en los próximos meses, si también los tamaulipecos o ellos resultarán los perdedores.