Desaciertos e interrogantes de las reformas propuestas a la Guardia Nacional

El viernes, en fast track, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reformas legales relativas a la Guardia Nacional (GN) que el Ejecutivo había enviado apenas dos días atrás. Con las reformas, que ahora se turnarán al Senado, la GN seguirá nominalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sin embargo, todos los aspectos relevantes de su administración y de su operación quedarán bajo el control férreo de la Sedena. Quienes redactaron la iniciativa saben bien que el que paga manda y ni siquiera dejan a cargo de la SSPC la responsabilidad burocrática de firmar los cheques. La iniciativa contempla en un artículo transitorio que, a más tardar 60 días después de su aprobación, el presupuesto y los activos de la GN deberán transferirse a la Sedena.

El Presidente busca consolidar a la Guardia Nacional como una institución de carácter militar, y dejar en manos del Ejército su construcción. Esto es algo que desde hace tiempo se veía venir y que, como ya lo he explicado previamente, no considero necesariamente negativo. Sin embargo, me preocupa que los cambios legales propuestos vayan mucho más lejos. Claramente lo que se busca es, como quiere el Presidente, perpetuar la participación del propio Ejército en tareas de seguridad pública y, por el otro, condenar a la Guardia Nacional a un papel de cuerpo móvil de policía vecinal, bajo la tutela permanente del Ejército (lo que implica que este último seguirá siendo la pieza fundamental en los operativos contra el crimen organizado).

Al respecto, uno de los aspectos más elocuentes de la iniciativa aparece en una adición al artículo 19 de la Ley de la Guardia Nacional. El texto propuesto señala que el titular de cada batallón de la Guardia “mantendrá enlace con su homólogo de las Fuerzas Armadas en su adscripción, a fin de facilitar una adecuada colaboración para el desempeño de las funciones de seguridad pública”. Sospecho que lo que se busca con este texto –que reconoce explícitamente que las Fuerzas Armadas seguirán desempeñando tareas de seguridad indefinidamente– no es fomentar la coordinación entre pares, sino amarrar en el territorio la subordinación de la GN al Ejército, incluso a nivel de batallón. Por si quedaran dudas, en el paquete se incluyó una modificación a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que señala que “el personal militar podrá efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública”.

Las modificaciones que los diputados aprobaron ni siquiera resuelven el que ha sido el problema medular que ha marcado a la GN durante sus primeros años de operación: la falta de cohesión interna. La figura del personal del Ejército y la Marina comisionado no desaparece, sino que se refuerza. Seguirán los guardias de primera (los que vienen de las Fuerzas Armadas) y los de segunda (todos los demás), con las implicaciones que ello tiene. En particular que quienes ingresan a la GN sin ser comisionados de las Fuerzas Armadas, difícilmente lo harán con la intención de hacer carrera dentro de la institución.

La discusión relevante nunca fue si la GN debía o no quedar en manos de Sedena. Así ha sido, para cualquier efecto práctico, desde su creación en 2019. La discusión importante es sobre el papel que las distintas instituciones de seguridad, militares y civiles, de los tres órdenes de gobierno, deben desempeñar en el largo plazo. En mi opinión, un arreglo sensato, y acorde con el pacto federal, y con las necesidades del país, debería ser en los siguientes términos:

1. El Ejército y la Marina, a sus labores constitucionales.

2. La GN a resguardar la seguridad ahí donde tengan presencia los grupos criminales de mayor peligrosidad, y ahí donde las corporaciones estatales y municipales de policía no sean capaces de mantener estándares aceptables de seguridad.

Este arreglo, por supuesto, implicaría lo siguiente:

1. La GN tendría que crecer para llevar su operación interna por sí sola.

2. Ni la GN ni el Ejército podrían inmiscuirse en tareas que las autoridades locales claramente pueden desempeñar, como revisar mochilas en el Metro de la Ciudad de México o patrullar la tranquilidad de las calles de Mérida.

En Palacio Nacional tienen otra idea. Ya lo dijo el Presidente hace algunas semanas: quiere al Ejército en las calles después de 2024. También quiere que la GN, un cuerpo de carácter militar, haga labores de policía de proximidad, incluso ahí donde no hace falta. Valdría la pena preguntarse para qué.