Tlaxcoaque: el peor lugar de todos
“Ni la peor de las pesadillas puede siquiera acercarse a imaginar lo que ahí sucedió”.
Era un lugar terrible. El peor de todos.
El edificio —ese edificio— ubicado en la plaza de Tlaxcoaque, a unas cuadras del zócalo de la Ciudad de México, fue sede de dos de las instituciones más infaustas de la política nacional: la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT) y la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), heredera de lo que en otros tiempos fuera el Servicio Secreto. Ambas corporaciones encarnan la crueldad más pura, tangible y sucia del antiguo régimen y fueron responsables de la detención, tortura y desaparición de cientos de personas durante la década de los años setenta y parte de los ochenta. El edificio —ese edificio— era su lugar de trabajo favorito.
El sismo de 1985 tuvo a bien dejar inservible el edificio; tuvo que demolerse. Sin embargo, y de manera increíble, el sitio no dejó de operar como centro clandestino de detención: sus sótanos continuaron funcionando de manera ilegal hasta, cuando menos, julio de 1989.
Ni la peor de las pesadillas puede siquiera acercarse a imaginar lo que ahí sucedió. ¿Cuánta gente torturada? ¿Cuántas familias deshechas? ¿Cuántos golpes, sangre y huesos rotos justificaban la estabilidad de una ciudad, de un país?
Este domingo 2 de octubre, fecha tan simbólica, en un acto que pasó desapercibido para la prensa nacional —adicta, como está, al clic fácil y a la nota amarillista— la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la Plaza Tlaxquaque será considerada sitio de memoria contra la tortura policial.
Lo que ayer era un sótano dedicado a la tortura, hoy comienza a ser un lugar que honra la memoria de las víctimas y las luchas que lo habitaron. Como parte de las acciones, hoy se puede recorrer lo que queda de los sótanos en un recorrido virtual. La jefa de gobierno anunció, además, que la Fiscalía de la CDMX ha iniciado procesos de judicialización contra quien resulte responsable de los actos que ahí ocurrieron.
En el marco de un proyecto colaborativo con la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (1965-1990), Claudia Sheinbaum anunció, también, una convocatoria dirigida a toda la comunidad de víctimas que sobrevivió al frío de los sótanos. El proyecto busca, como objetivo general, que los testimonios de las víctimas sobrevivientes contribuyan a construir un corpus documental que ayude al reconocimiento y reivindicación de las víctimas del periodo que se conoce como Guerra Sucia.
La convocatoria dará prioridad a los testimonios de víctimas sobrevivientes de violaciones graves a los derechos humanos, pero también está abierta a escuchar a familiares y personas cercanas a quienes vieron vulnerados sus derechos, a quienes atestiguaron hechos violatorios o poseen información o documentación relevante. Asimismo, está abierta a escuchar los testimonios de quienes tuvieron algún grado de responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque desconocemos el número total de víctimas de la represión que pasaron por las instalaciones de Tlaxcoaque (toda vez que gran parte de los registros de la DIPD permanecen desaparecidos), la convocatoria de testimonios nos ofrecerá una idea de la magnitud de la violencia política y de la extensión de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en aquel periodo. Estas violaciones pudieron ir desde detenciones arbitrarias, desaparición forzada y desaparición forzada transitoria, ejecución extrajudicial, prisión por motivos políticos, tortura y malos tratos, violencia contras las infancias y adolescencias hasta violencia sexual, tortura sexual y violencia reproductiva.
Sabemos, gracias a testimonios disponibles y a alguna investigación anterior, que las comunidades de víctimas que pasaron por Tlaxquaque fueron diversas y de ninguna manera se circunscribieron a las prácticas contrainsurgentes que caracterizan al periodo que conocemos como Guerra Sucia. Hablamos, entre otras, de personas que vieron violados sus derechos humanos por ejercer sus derechos de libertad de expresión y asociación o por participar en movimientos sociales de distinta índole: estudiantiles, urbano-populares, laborales, sindicales; personas cuyos derechos fueron violados por defender los derechos humanos, por militar o ser parte de las redes de apoyo contra la represión; personas que sufrieron violaciones a sus derechos por prejuicios sociales de tipo sexo-genérico, de clase o étnico-racial, por dedicarse al trabajo sexual, por manifestar sus expresiones culturales, por pertenecer a la comunidad LGBT+ o ejercer autonomía sobre su cuerpo; personas que vieron violados sus derechos por ejercer la labor periodística, por pertenecer a alguna minoría religiosa, o que fueron criminalizadas por su condición migratoria; personas a quienes se les violaron sus derechos por defender territorios, por oponerse a políticas modernizadoras, o que fueron vulnerados y criminalizadas como producto de políticas de seguridad de combate al narcotráfico o para gestionar de la delincuencia común. La lista es amplia: tan amplia y diversa como la sociedad misma.
Con la designación de Tlaxquaque como sitio de memoria y con el anuncio de la convocatoria se abre una nueva oportunidad para entender la Guerra Sucia en toda su diversidad.
