El fracaso de la política de 90% de lealtad y 10% de capacidad
Más allá de las causas que motivaron la renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía -que para muchos saltan a la vista-, lo que debe importar son las consecuencias.
La ahora exfuncionaria fue duramente cuestionada desde el momento mismo de su nombramiento por carecer de los conocimientos básicos sobre el tema.
Licenciada en lengua inglesa y con una maestría en administración pública, Clouthier fue nombrada para el cargo el 4 de octubre de 2021, sin que al Presidente le importara su nula experiencia en los temas de comercio internacional.
Para su mala fortuna, a la exsecretaria le tocaron los conflictos comerciales más delicados en lo que va de la administración lopezobradorista.
Destaca, desde luego, el panel que solicitaron Estados Unidos y Canadá para analizar las supuestas violaciones al T-MEC que México habría cometido en el diseño de su política energética, principalmente en el sector eléctrico.
Las primeras negociaciones con los socios comerciales inconformes no las encabezó Clouthier, sino la subsecretaria de Comercio, Luz María de la Mora Sánchez, quien participó en la negociación del T-MEC, especialmente en el ramo automotriz.
De la Mora sí tiene experiencia en las negociaciones comerciales internacionales y prácticamente ha sido ella la encargada de tratar de llegar a un arreglo con Estados Unidos y Canadá antes de que el conflicto escale al establecimiento del panel de controversias en donde México tiene amplias posibilidades de perder con las consecuencias de las sanciones que se le impondrían al país.
Clouthier fue sincera al declarar que “mi oportunidad de sumar está agotada’’, no solo porque literalmente estaba de espectadora en la discusión sobre las violaciones al T-MEC, sino porque no se pudo construir una política industrial en el tiempo en el que encabezó la Secretaría de Economía.
Solo habrá que revisar las estadísticas para comprobar cómo se cayeron o desaparecieron los apoyos a las pequeñas y medianas empresas y cómo se desatendió a muchos sectores, sobre todo después de la pandemia, que requerían apoyos para reiniciarse.
No se duda de las buenas intenciones que tuvo al aceptar el cargo, pero entre su desconocimiento y la falta de apoyo del Ejecutivo, los resultados de su gestión están a la vista.
Al final de cuentas, la renuncia de Clouthier es el fracaso de la política de 90% de lealtad y 10% de capacidad, con la cual se selecciona a los funcionarios en esta administración.
Pasó casi desapercibida la comparecencia del director de lo que queda del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, el miércoles anterior en la Cámara de Diputados.
Dos cosas, sin embargo, deben destacarse.
La primera es que, según él, ya no hay desabasto de medicamentos en el país.
No es broma, eso dijo.
Y lo segundo, es su afirmación en el sentido de que ya no requerirán de los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), contratada en esta administración como la panacea para la compra consolidada de medicamentos.
La UNOPS no pudo con el paquete, pero su participación en este fallido ejercicio le costó al país 130 millones de dólares.
¿Y todo para qué?
Para que, según el propio Ferrer, el Gobierno prescindiera de sus servicios y volviera al origen, es decir, a que las propias instituciones de salud, con la intermediación de la Secretaría de Hacienda, realicen sus compras consolidadas.
Ni modo.
