Militarización: La apuesta fallida

Después de la aprobación legislativa, las Fuerzas Armadas se quedarán hasta el 2028 como garantes de la seguridad en el país, el poder militar sin precedentes en la historia reciente. Salvo la etapa en la que los militares gobernaron el territorio, no existe antecedente de un ejercicio de poder tan absoluto. Ahora que casi lo tienen todo en sus manos, sólo les resta asaltar el poder presidencial.

Preocupa el presente de México.

Y mucho.

Sobre todo porque el presidente ha confiado –a pesar de que durante mucho tiempo se oponía a la injerencia de los militares en tareas de seguridad –a que los militares van a resolver el problema del crimen organizado; se afirma son excesiva reiteración que sólo ellos podrían ser los salvadores de la patria y que, únicamente ellos, pueden pacificar el territorio.

Parecen buenos deseos.

En los últimos veinte años no existen registros de que con los militares nos haya ido bien en materia de seguridad.

Ningún cártel del narcotráfico fue abatido.

Capos emblemáticos se mantuvieron impunes, como Ismael “El Mayo” Zambada, y otros siguen –o podrían seguir –en el ostracismo, como Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, presuntamente fallecido hace más de un lustro, aunque ninguna autoridad ha confirmado o negado el hecho. Todo un misterio.

En esa etapa oscura del país, los grupos criminales –con el ejército en funciones de policía –cambiaron sus formas de operar: los cárteles dejaron de ser organizaciones piramidales y extendieron sus tentáculos a lo largo y ancho del país y del continente Latinoamericano: se asociaron unos con otros para ganar poder y se internacionalizaron, como cualquier empresa legal, hasta desplazar a los cárteles colombianos en el transporte de drogas.

La guerra de Calderón fue una estrategia para fortalecer al crimen organizado: en estricto sentido no hubo ningún logro extraordinario. Todo fue un fracaso. La llamada guerra fue una verdadera simulación. En el fondo había complicidad con el cártel de Sinaloa. Antes, en el gobierno de Ernesto Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo hizo lo mismo: encabezó una lucha criminal desigual, pues favoreció los intereses de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, el capo más poderoso de entonces.

Durante el sexenio calderonista las Fuerzas Armadas tuvieron un papel bastante cuestionable, sobre todo en materia de violación a los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos armaron sendos expedientes sobre su actuación durante la llamada guerra contra el crimen organizado: en esta etapa oscura el Ejercito incurrió en tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y asesinatos.

En ese periodo hubo un total de 102 mil 696 crímenes. La ONU documentó que unos 70 mil tenían que ver con delincuencia organizada, el resto no tuvo relación con el crimen. Se trató de asesinatos por abuso de poder. Además, tres de cada cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida fueron emitidas contra las Fuerzas Armadas.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se cambió el nombre de guerra contra el crimen por el de fortalecimiento institucional: el número de militares en funciones policiacas pasó de 96 mil a 45 mil, aproximadamente, pero se mantuvo la misma política: cazar a capos –sin éxito trascedente –y desmantelar organizaciones criminales, lo que no tampoco se tradujo en un resultado plausible.

Ahora, el gobierno de la Cuarta Transformación apuesta por los militares como únicos garantes de la seguridad pública. Los legisladores que aprobaron la iniciativa para que los soldados se queden hasta el 2028 en tareas de seguridad se pueden arrepentir. Tarde que temprano pasarán por el molino triturador de la historia.

En el país operan quince cárteles dedicados a todo tipo de actividades criminales: secuestro, tráfico de drogas, levantones, cobro de piso, extorsiones, tráfico humano, entre otros delitos. Se trata de Sinaloa, Cártel de Jalisco y Noreste; cártel de Santa Rosa de Lima, Los Viagras, La Familia Michoacana, Los Tequileros –autores de la matanza de veinte personas en San Miguel Totolapan, Guerrero –Los Rojos, Guerreros Unidos, Golfo, Zetas, Unión Tepito, Tepito Anti-Unión, Tijuana, Juárez, organización Beltrán Leyva, entre otros, con todas sus ramificaciones.

En Guerrero, por ejemplo, operan unas 500 organizaciones criminales o células con un componente que vale la pena resaltar: todas están encabezadas por autoridades municipales alcaldes, síndicos y regidores forman parte de los negocios del crimen organizado y, al mismo tiempo, ejercen el poder político.

De ahí que resulte muy complejo el combate criminal si antes no se atacan las complicidades tejidas desde el poder político; si no se combate la impunidad y el lavado de dinero.

Así las cosas.