Simulación en política ambiental

La contaminación del río Santiago es uno de los problemas ambientales del país más añejos y que más daños generan a la salud de miles de habitantes asentados en sus márgenes. Basta preguntar por el río más contaminado de México en cualquier buscador para que el Santiago aparezca en las primeras páginas.

Pero no es necesario buscar en Internet. Los pobladores de las localidades de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, tienen denunciado desde hace cuatro décadas la polución de un río que antes era un paraíso que los proveía de alimentos, entretenimiento, y salud física y mental, y que ahora es fuente de padecimientos, enfermedades, deterioro y en no pocas ocasiones de muerte.

Organizaciones como Grupo Ecologista El Roble de Juanacatlán y la asociación Un Salto de Vida tienen 30 años organizados para denunciar la contaminación de este río que nace en el lago de Chapala, y que cruza Jalisco y Nayarit para desembocar en el océano Pacífico. Pero no vierte aguas limpias y sanas, sino las aguas pútridas y contaminadas luego de recibir cada día más de 500 toneladas de sustancias que generan los negocios industriales, agrícolas, inmobiliarios y aguas residuales en sus márgenes, especialmente en el corredor industrial El Salto-Ocotlán y las descargas urbanas de parte de la zona metropolitana de Guadalajara.

Después de años de denuncias, después de un repertorio de manifestaciones que han incluido denuncias ambientales, marchas, caravanas y miles de “tours del horror” por los sitios donde se descargan las aguas corrompidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 7 de febrero de 2020 medidas cautelares “a favor de pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de una presunta contaminación ambiental en el Río Santiago y el lago de Chapala en el estado de Jalisco” (https://bit.ly/3DlTHks).

El dictamen de la Comisión Interamericana asentó: “Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la CIDH considera que la información presentada demuestra prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

Por ello urgió al Estado mexicano en su conjunto, no en particular al Gobierno de Jalisco, a que adopte las medidas necesarias “para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río Santiago” en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, Jalisco.

Es con este antecedente que el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y funcionarios de su Gabinete acudieron el jueves 20 de octubre a la sede de la CIDH en Washington DC. El Gobernador presumía en sus redes sociales que esta era la primera vez que un Gobierno subnacional acudía ante el organismo interamericano. El Gobernador aclaró que solicitó la reunión para explicar a las autoridades de la CIDH la estrategia de remediación que impulsa su Gobierno, denominada “Revivamos Ríos Santiago y Zona de Intervención Especial de Poncitlán”.

Pero la visita era totalmente innecesaria, porque para empezar ni siquiera fue solicitada por el las autoridades de la Comisión Interamericana, por lo que fue considerada un acto político para promover mediáticamente al Gobernador y la administración estatal que encabeza, como dijo Alan Carmona de la agrupación Un Salto de Vida, una de las más activas en la defensa del territorio en la región.

Y es en realidad un acto de simulación de que se está actuando a fondo en contra de la contaminación del río Santiago, cuando no es así. La mayor parte de la inversión pública (cuatro mil 600 millones de pesos) que presume el Gobierno de Jalisco en la remediación de la contaminación se destinan a ampliar o construir plantas de tratamiento de agua cuando desde hace años se ha explicado que dichas plantas pueden limpiar aguas residuales, pero no químicos y más de mil metales pesados arrojados por las industrias que se sirven del río. Ya la misma CIDH había asentado en la recomendación de febrero de 2020 que “la principal medida de descontaminación implementada por el estado, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), no es idónea para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales que se encontrarían en el río”.

La política ambiental de simulación en la limpieza del río Santiago es compartida por el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues se ha desentendido de cuidar e inspeccionar las descargas que arrojan las industrias asentadas en ese cuerpo de agua. En los pasados años apenas había un inspector para vigilar las descargas a lo largo de toda la cuenca y donde hay más de 40 mil usuarios del agua, según reportaje de Adriana Navarro Ramírez, publicado por Quinto Elemento Lab (https://bit.ly/3TFa2Ww).

Adalberto Campa García es el nombre de este inspector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que entre 2020 y 2021 era encargado de inspeccionar las descargas de los concesionarios. Si quisiera inspeccionar a los 40 mil usuarios del agua asentados en la cuenca del río Santiago, requería visitar 110 concesionarios cada día del año, sin descansar. Es materialmente imposible realizar esa tarea, y la Conagua y el Gobierno mexicano lo saben. “Las visitas de inspección y verificación son la principal herramienta con las que cuenta la autoridad del agua para comprobar que los usuarios cumplen con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales”, respondió la Conagua vía Transparencia a Quinto Elemento Lab en este reportaje citado.

En total, el Gobierno mexicano tiene 163 inspectores para vigilar el uso del agua y las descargas residuales en todo el país cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sugiere que deberían haber cuatro veces más.

La vigilancia y la inspección de los cuerpos de agua ha caído dramáticamente. En 2012 había 358 inspectores y en este año hay apenas 163, y lo mismo ocurre con los inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente que contaba con 874 inspectores en 2014 y este año apenas tiene la mitad: 432. Las consecuencias de esta política ambiental permisiva es la disminución sustantiva en las inspecciones a los usuarios del agua: en 2013 hubo 10 mil 915 inspecciones y mil 398 sanciones, mientras que el año pasado las inspecciones cayeron hasta dos mil 492 y apenas 651 sanciones, de acuerdo al reportaje “La vigilancia del agua en México, en caída libre”.

Las consecuencias son nefastas. Los usuarios del agua (industriales, agrícolas, extractivos, inmobiliarios) usan y contaminan el agua sabiendo que las posibilidades de vigilancia y sanción son mínimas. Es una política ambiental de simulación que ha renunciado a vigilar y proteger que el agua y los recursos del país no sean contaminados y devastados.

En el fondo, no actúan a fondo contra quienes contaminan para no perturbar las actividades económicas que se alimentan de los recursos del río Santiago y las cuencas de todo el país. Ya lo dijo en marzo de 2009 Rafael Elvira, titular de Medio Ambiente en el Gobierno de Felipe Calderón, que no se podía declarar emergencia ambiental en la zona porque espantaría a los inversionistas. Con una cínica sinceridad el entonces responsable del medio ambiente del país declaró en una visita a Jalisco: “El Gobierno federal no puede aprobar la declaratoria de emergencia en el río Santiago en su paso por los municipios de El Salto y Juanacatlán, porque se verían afectadas las inversiones privadas en la zona”.

La política ambiental del Estado mexicano es clara, con independencia del color del partido que gobierne: el capital por encima de la vida de los habitantes que padecen la contaminación del río Santiago. Entre tanto, los habitantes de esta y otras cuencas contaminadas siguen padeciendo enfermedades lenta y silenciosamente. Como declaró Enrique Enciso, uno de los más viejos y experimentados defensores del territorio de El Salto, Jalisco, es como vivir a un lado del río Santiago es como vivir en “un Chernóbil en cámara lenta” (The New York Times, 1 enero 2020).