La CIDH señala a fuerzas de seguridad

A pesar de ser una delegación del más alto nivel, paso casi desapercibida la visita de los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta semana llegó al país para presentar su Tercer Informe de trabajo y que entregaron en privado a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el pasado martes 15 de noviembre en Tixtla, Guerrero y en rueda de prensa en la Ciudad de México.

La delegación que compone el Mecanismo de Seguimiento para el Asunto Ayotzinapa está compuesto por Julissa Mantilla Falcón, presidenta de la CIDH; Tania Reneaum, secretaria Ejecutiva; Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la CIDH; María Claudia Pulido, secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo; y Fiorella Melzi, coordinadora de Monitoreo Especialista para México.

Esta delegación llegó el martes 15 a la normal rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero a las 10 de la mañana y de inmediato se reunieron en privado con los padres. Tras conocer el informe, hubo melancolía y cierta congoja de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, según la crónica de Sergio Ocampo Arista, corresponsal del diario La Jornada.

Luego de la reunión privada con los padres, la delegación de la CIDH encabezada por su presidenta Julissa Mantilla Falcón, ofrecieron una rueda de prensa donde presentaron los principales resultados del Tercer Informe del MESA.

De manera diplomática primero se destacaron los avances que observaron al comienzo de la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin perder la diplomacia hicieron enérgicos cuestionamientos a los retrocesos y riesgos de que la investigación de los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, terminen sin llegar a la verdad y con un manto de impunidad cubriendo a los responsables de graves crímenes de derechos humanos.

Entre los avances que la CIDH destaca a partir de 2019 es la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) y el establecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (UEILCA) en la Fiscalía General de la República (FGR) que supusieron un avance en el conocimiento de los hechos en la trágica noche de Iguala y un avance en la investigación del caso que llevó a la solicitud de 83 órdenes de aprehensión de presuntos militares, entre los que se encuentran 21 militares.

Pero tras este reconocimiento, los integrantes del MESA refieren en su informe que “la CIDH continúa observando obstáculos en la entrega de información y falta de cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de algunas autoridades estatales, particularmente de las instituciones de seguridad y militares”.

En el informe sostiene que hubo “intromisiones graves” de la FGR en la judicialización del caso cuando se decidió pedir la suspensión de 21 órdenes de aprehensión del total solicitado, entre ellos se pidió cancelar la aprehensión de 16 militares. Otras preocupaciones expresadas por la CIDH consisten en “la persistencia de prácticas de ocultamiento de información relevante a los investigadores”, y que “el gobierno aún no ha logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”.

El informe de la CIDH celebra que se continuara en estos cuatro años con la búsqueda de los normalistas, pero cuestiona que a ocho años no se sepa todavía del destino de la mayoría de los 43. “La localización de fragmentos óseos y posterior identificación genética positiva de los estudiantes Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz representan un avance que debe ser profundizado para el esclarecimiento de los hechos y del posible destino final de los estudiantes. No obstante, a ocho años de los graves sucesos, México aún mantiene su obligación de aportar una explicación satisfactoria respecto de la suerte o paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”.

Quizá lo más preocupante que señala el informe de la CIDH es que “la posible participación de agentes de seguridad del Estado en los hechos, tanto en la comisión y encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, no es aislada, sino que es parte de un patrón estructural que requiere atención”. Se señala en el informe: “Resulta alarmante la aparición y entrega tardía de una serie de documentos bajo la custodia de fuerzas militares y órganos de inteligencia del Estado”.

Es muy grave este señalamiento: participación de agentes de seguridad del Estado tanto en la desaparición de los 43 normalistas, luego en el encubrimiento de los hechos y finalmente, encubriendo a los responsables de cometer esos crímenes.

Esto nos confirma lo que otros actores han señalado: que la investigación y el acceso a la verdad sobre el caso Ayotzinapa se detiene o se desvía cuando la responsabilidad apunta a los militares. Ahora en el contexto de un gobierno federal que va de salida y que está enfocado en otros asuntos y en un contexto de profundización del poder en manos de los militares, tal vez estemos ante el inicio de otra oportunidad perdida para conocer la verdad en este crimen de Estado que fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lamentablemente.