Cocaína legal

“Cambiemos la política de drogas”. El mantra es ya parte del establishment político en América Latina (1). Sin ir más lejos, hace dos semanas el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestaron a favor de “cambiar la política de drogas” y analizar el tema “no solo con la visión de Estados Unidos sino a partir de la visión de América Latina”. Parece novedoso. No lo es.

Hace al menos quince años que diferentes líderes de la región hablan de “cambiar la política de drogas”. En algunos casos se trata de expresidentes que ofrecen recetas políticas que ellos mismos no se atrevieron a ejecutar cuando tuvieron oportunidad—el caso más conocido es el de Ernesto Zedillo. La crítica a la prohibición ha llegado, lo mismo de la voz de probados genocidas (Otto Molina Pérez, expresidente de Guatemala), como de premios nobel de la paz (Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia). Insisto: el discurso es parte del establishment político. Ya un lugar común, casi una obviedad.

El problema viene cuando a los referentes del discurso reformista se les pregunta por las alternativas. Es fácil impugnar el prohibicionismo y el carácter punitivo de la política de drogas, pero la identificación de opciones plausibles es algo más complicado. Una respuesta fácil —aunque no menos cierta— es subrayar la necesidad de atender la dimensión preventiva del tema —cualquier cosa que eso signifique. Los críticos más audaces refieren a las políticas de reducción de daños (harm reduction), es decir, al conjunto de estrategias orientadas a minimizar los impactos negativos del consumo de drogas. Aquí se incluyen, por ejemplo, la ejecución de programas de mantenimiento a partir de metadona para sustituir el uso de la heroína, la creación de espacios seguros para inyectarse drogas, así como el fomento de centros de análisis de sustancias que adviertan a los usuarios del contenido real de las sustancias que consumen (2).

Son buenas ideas, ¿pero, son suficientes?

La regulación del consumo, transporte y producción de cocaína es uno de los elefantes en la habitación cuando se habla de modificar la política de drogas. A los líderes que hablan de “cambiar la política” se les nubla la vista y se les termina la voz cuando refieren al tema. Es extraño, pues ese es el cause natural al que debería derivar su discurso; es la consecuencia lógica de su narrativa. No hay más.

En México han sido contados los esfuerzos por posicionar el tema en la mesa.

En agosto de 2019 un juez otorgó un amparo a dos miembros de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) para permitirles el uso lúdico de la cocaína. ¿El argumento de los quejosos? Similar al que miembros de esta misma organización formularon alrededor del tema de la marihuana: la prohibición del consumo viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad. A partir de ese argumento desarrollaron varios más: que el consumo no es sinónimo de adicción, que la evidencia científica no avala una relación directa entre consumo de sustancias y la adopción de conductas violentas, que la prohibición no mejora ni la seguridad ni la salud pública y que, por el contrario, genera mercados grises que potencialmente sí son generadores de violencia. Todo cierto.

La Corte tuvo miedo. El 24 de junio de 2020, la SCJN revocó los dos amparos de MUCD. En una descolorida sentencia presentada por el ministro Mario Pardo Rebolledo se avalaron los artículos de la Ley General de Salud que contienen la prohibición absoluta para la posesión y consumo del éster metílico de benzoilecgonina, también conocido como cocaína.

El consumo y tráfico de drogas va muy por delante de la política pública. En un contexto de violencia criminal e incremento del comercio de drogas sintéticas resulta inevitable aceptar que la inmovilidad política es condenar a las poblaciones más vulnerables a la muerte. Urge que el gobierno federal comience a pensar en sistemas regulatorios que controlen la producción e importación de la cocaína, garanticen procesos de calidad, permitan el cobro de impuestos y eliminen los efectos violentos de la prohibición. Los riesgos y retos de ese futuro son enormes, pero no más grandes que el desafío que enfrentamos hoy.

En Colombia, sin ir más lejos, el Presidente Petro ya propuso un proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados. Se queda corto, sin embargo, en lo que refiere a la cocaína. Su país tiene un potencial tremendo para ser liderar una política radical sobre el tema. En México, sin embargo, el Presidente López Obrador insiste en que “no hay consenso” para abordar el tema y sus legisladores singuen sin cumplir una orden judicial que los obliga a regular la producción, venta y consumo recreativo de cannabis. Además, la campaña publicitaria del gobierno (“En el mundo de las drogas no hay final feliz”) podría ser firmada —sin el menor problema— por la Unión Nacional de Padres de Familia, uno de los principales antagonistas del Presidente.

En su último informe la Comisión Global de Política de Drogas dejó su propuesta en claro: es necesaria la regulación de todas las drogas, empezando por el cannabis y siguiendo por la hoja de coca y la cocaína. Tienen razón. Para ello, será necesario generar alianzas entre los países más afectados por la prohibición y confrontar abiertamente el marco internacional de fiscalización de drogas. Las contradicciones propias en Estados Unidos alrededor de este tema (patrones de legalización a escala subnacional vs. política exterior prohibicionista) ofrecen una oportunidad única para avanzar.

La regulación de las drogas reduce el daño a la salud. La evidencia científica está ahí para quien quiera leerla. Para salvar vidas no es necesario llegar a “consensos”, sino dejar los mitos a un lado y llevar el discurso a la práctica. ¿Qué diablos esperamos?

1.Colaboró en la escritura de esta columna Arantxa Ibarrola, estudiante del CIDE.
2.El trabajo que hace la organización Reverdeser es encomiable: http://reverdeser.org/inicio-a/programa-de-analisis-de-sustancias/