Programa especial de seguridad y la ola delictiva

Por Carlos Ramírez

En medio de una intensa ola delictiva en aproximadamente seis estados de la República, el Gobierno federal emitió el pasado 5 de diciembre, entre otros, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024, como “programa especial” derivado del Plan Nacional de Desarrollo.

El contenido del nuevo programa no presenta ninguna novedad del planteamiento original de 2018 de la estrategia Nacional de Seguridad Pública basado en el principio de construcción de la paz. El nuevo documento es un poco más programático en la caracterización de la inseguridad y en la definición minuciosa de las decisiones.

El compromiso del programa especial es muy preciso: “hacia finales de la presente administración y como resultado de la implementación de objetivos estrategias y líneas puntuales del PNSP 2022-2024, se espera que en el país haya sido restablecida la paz y se hayan recuperado las condiciones de convivencia social y la confianza en las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, a partir de la puesta en práctica de la máxima que busca la solución pacífica de los compromisos mediante la prevención de la violencia y el delito, la proximidad institucional, la justicia procesal y la justicia cívica”.

El reciente programa especial reitera “el nuevo paradigma de seguridad” que privilegia los derechos y la atención integral y especializada a las víctimas, con perspectiva de género y la resolución pacífica de conflictos con la colaboración o asistencia de instituciones públicas y privadas en acciones de mediación comunitaria”.

El nuevo plan fue publicado a cuatro años del inicio de la estrategia y con indicios de cuando menos la contención de los delitos, pero todavía con problemas para lograr la recuperación del control de seguridad territorial y en medio de guerras entre las bandas criminales.

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