Primer Presidenta
“Aunque ilustres abogadas ya habían sido miembros de la Corte, la designación de Norma Lucía Piña en la máxima responsabilidad jurisdiccional, marca un nuevo paradigma en la historia judicial de México”.
En tercer lugar, este feliz desenlace también significa que una persona, cuya intergridad ha sido severamente cuestionada, no ocupará la máxima magistratura en la Corte.
Finalmente, hay que destacar el hecho de que los jueces hayan elegido, en un proceso de varias rondas, a alguien que fue nombrada Ministra por el Senado de la República, en un sexenio diferente al actual. En efecto, la Ministra Piña se integró a la Suprema Corte a resultas de un proceso llevado a cabo antes del que el actual Senado y el hoy Presidente de la República iniciaran su encomienda. Esto es muy importante, pues es parte del principio liberal, según el cual se deben establecer todas las salvaguardas para garantizar la autonomía del poder judicial respecto a los otros dos poderes.
Desde luego que el Poder Judicial de la Federación tiene que demostrar con sus resoluciones que está cumpliendo con su responsabilidad como custodio de la vigencia del régimen constitucional. La decisión que los Ministros tomaron entre pares para elegir a su Presidenta, quizás no sea una panacea, ni sus efectos alcanzarán para llenar las deudas del Poder Judicial con la sociedad mexicana. Pero sin duda, y ante la amenaza que acechaba al órgano fundamental del régimen republicano, la llegada de la nueva Presidenta ha generado un clima de esperanza. Recordemos que en El Federalista número 78, Alexander Hamilton notó que la rama judicial era la más débil, pues no contaba con el poder económico, como lo tiene el Congreso, ni con el poder militar, como lo tiene el Presidente. Sin embargo, agregó Hamilton, el poder judicial tenía la capacidad para emitir un juicio sobre la conducta humana y era, así, el poder más sabio de los tres. Es por ello que toda República que se precie de serlo necesita un poder judicial autónomo. Si México lo mantiene será un País donde nadie, incluído el Ejecutivo Federal, estará por encima de la ley.
