A la mexicana
El 26 de febrero todos al Zócalo para defender al INE, al TEPJF y a la democracia. Queremos personal de carrera armando las casillas, capacitando a los funcionarios y contando los votos. No queremos violentadores de mujeres, ni deudores alimentarios en las candidaturas. AMLO no va a recapacitar; quedó claro el pasado 6 de febrero, no respeta el derecho, solo la justicia, se justifica, lo que implicaría que cada quien haga justicia por propia mano. Entre tanto veamos que otras destrucciones planea.
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La directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, conocida por sus escándalos, trata de nuevo de impulsar una nueva ley que afecta la libertad de investigación y de las actividades de docencia y de difusión. Va contra el federalismo, pues no toma en cuenta las instancias estatales y municipales en las actividades de coordinación para la investigación e innovación científica que atienda cuestiones de cada demarcación.
No respeta la inclusión, la participación de los sectores involucrados en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Es el Estado quien debe financiar la investigación en ciencia y tecnología. En algunos casos con asignación multianual para garantizar continuidad de proyectos, con normas de transparencia y rendición de cuentas. La ley no lo garantiza.
La ley debería garantizar plena autonomía académica y de gestión. El reclutamiento debería normarse adecuadamente, así como del personal académico. La nueva propuesta no respeta la progresividad de los derechos humanos, ni la perspectiva de género constitucionales.
Vincular la academia con los sectores productivos es vital para el progreso. Debe respetar la autoría intelectual conforme al marco aplicable para estimular este tipo de investigación. Estos planteamientos fueron hechos con 2 mil 796 firmas, ante los legisladores en la Cámara de Diputados. La propuesta ha generado un amplio debate en la comunidad.
Esto se debe a que sienta bases para un proceso que transforma la ciencia en nuestro país. El caso de la destrucción del CIDE por el asedio a la autonomía académica. Otro tema es la reducción de becas para estudiar en el exterior. El derecho a la ciencia puede ser vulnerado. La iniciativa del nuevo Consejo Nacional implica una visión centralizada y piramidal de una comunidad definida por la diversidad.
No queda clara la participación de las universidades privadas en este esquema, lo que impactaría en la capacidad ya instalada para producir conocimientos de un modo sustentable, afirma el rector Luis Arriaga Valenzuela. Como lo señala, vivimos una nueva Revolución Industrial, donde las tecnologías de la automatización, transforman cadenas de valor a escala mundial. El desarrollo de la ciencia beneficia a todos por igual, no tiene fronteras y México debe tener una voz para participar en la producción del conocimiento y su ética. No debe cerrarse, sino abrirse a la construcción del futuro, agrega el Rector de la Universidad Iberoamericana.
La iniciativa no prevé el procedimiento para realizar las consultas para formular la agenda nacional. Esto fortalece al Conacyt como órgano concentrador de las propuestas, y se privilegia al sistema público frente al privado, lo que distorsiona la aplicación del artículo tercero constitucional. Evita que se invierta recursos públicos en proyectos de particulares con fines de lucro y sin beneficio público.
Me viene a la memoria el caso de la plaga del agave azul para la elaboración del tequila. El campo fue arrasado y el precio del tequila subió escandalosamente, afectando las exportaciones. Tequileros e investigadores combinaron recursos y conocimientos técnicos para erradicar la plaga, lo cual fue posible gracias a la investigación conjunta. Es cierto que la solución beneficiaba a los tequileros, es decir, había un lucro, pero el beneficio público se hacía extensivo a los campesinos, a las cadenas productivas y de comercialización, así como a la salvaguarda de la denominación de origen del tequila, tema de interés nacional.
El proyecto plantea una política pública del Estado en materia de humanidades, tecnologías e innovación para consolidar el sistema nacional de investigación. Establece que no debe ser instrumento de competitividad empresarial o productividad laboral, lo cual se contrapone con los derechos humanos de acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. La ley supuestamente se dirige a servir al pueblo y el interés nacional y las becas se otorgarán con ese mismo criterio. Si bien acepta el cofinanciamiento, éste se refiere al interés público, exclusivamente. Yo me pregunto ¿dónde empieza el interés público y dónde termina? ¿Quién lo distingue de lo privado, cuando se busca el desarrollo de sectores productivos? ¿Es el Tren Maya una prioridad para ser financiado por el Conacyt?
La línea sigue siendo la de patrimonio nacional, sin importar lo que sucede en el extranjero y como han cambiado los enfoques hacia un futuro sustentable. Lo señala Álvarez–Buylla, la iniciativa es congruente con el “humanismo Mexicano”. Muchos investigadores comentan que mexicanizar a la ciencia es absurdo, cuando las tendencias van en otro sentido, de mayor apertura al conocimiento científico. Los legisladores no se han interesado mucho en el tema, pues continúa el proceso del cambio electoral. Pero será un tema que no tardarán en abordar.
A la mexicana, cambiar el Sistema Nacional de Investigadores, centralizar decisiones y proyectos, excluir colaboración con el sector privado, no establecer claramente la coordinación con estados y municipios, así como limitar las becas a prioridades de gobierno y no del desarrollo, deja al proyecto en el riesgo de afectar derechos humanos y limitar libertades.
Rectores de universidades públicas y privadas del país piden diálogo con los legisladores para reformar el proyecto, para que el derecho a la ciencia, la tecnología y la innovación, sean realmente accesibles para todos y no sea el Estado, con una visión limitada por un falso nacionalismo, el que decida qué, cómo y cuándo se deben iniciar los proyectos de investigación, y a dónde deben enfocarse.
Cierto es que ya tenemos atraso en muchas áreas, pero sin la participación libre y responsable de los académicos, podemos fracasar drásticamente.
