La respuesta urgente a la desigualdad

En México y en el mundo, hay una demanda social creciente por disminuir la desigualdad. Según un estudio de la Agencia Francesa de Desarrollo, el 70 por ciento de las y los mexicanos desearía un país más igualitario. Esto se ve a diario, tanto en las calles como en las redes sociales, y hay datos que sustentan que esta desigualdad no es una cuestión de percepción, o una agenda que proviene del “resentimiento” o “falta de ganas”, como algunos se apresuran a enjuiciar.

Por el contrario, las investigaciones en la materia son amplias y muestran cómo la acumulación de la riqueza se ha exacerbado con los años y la manera en que nos afecta cotidianamente. En ese sentido, vale destacar la información y soluciones que se presentaron hace una semana en el informe ‘La ley del más rico’, publicado por Oxfam, una organización global dedicada al combate a la desigualdad.

Ahí se menciona que a partir de la pandemia del Covid-19 la fortuna de los milmillonarios del mundo ha aumentado en 2 mil 700 millones de dólares por día. Para ponerlo en perspectiva, bastaría de un mes y medio de estos incrementos para pagar toda la deuda externa del Gobierno mexicano.

A pesar de lo escandaloso de estas cifras y del deseo de millones de personas por vivir en una sociedad más justa, es probable que la desigualdad no disminuya en el corto plazo si no hay una respuesta política a favor de los que menos tienen. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer para cumplir la demanda de una mejor distribución del ingreso y la riqueza? Al tratarse de un tema global, podemos voltear a ver casos internacionales para conocer qué se ha hecho para frenar la desigualdad después de periodos de crisis. Adelanto que el Estado siempre tuvo una participación decisiva para garantizar políticas en beneficio de las personas, además de requerir un gran arrojo político por parte de sus representantes, pues los cambios que requerimos no provienen de la administración de la inercia.

Este es el caso de los impuestos a las ganancias en exceso, el cual se aplica cuando, debido a factores que no tienen que ver necesariamente con una mejora en su calidad o en la creación de un nuevo producto, algún sector de la economía tiene beneficios financieros fuera de lo normal. Precisamente esto es lo que ocurrió cuando, según Oxfam, industrias como la energética o la de alimentación duplicaron sus beneficios durante la pandemia.

Cifras de esta magnitud han motivado medidas extraordinarias. Así, en 2022 España puso un impuesto adicional a las empresas energéticas. Con los recursos recaudados lograron un subsidio para el consumo de energía eléctrica para la población con menos recursos. A pesar de que esta medida fue ampliamente criticada en medios y que se le vaticinó un fracaso, resultó en una de las mejores medidas para contener la inflación, todo sin afectar a las empresas y beneficiando a quienes más han sido golpeados económicamente.

Recurrir a las personas que siguen obteniendo beneficios económicos muy por encima de la media a pesar de que el resto de la sociedad la pasa mal no es algo nuevo. De hecho, en años recientes se han instaurado medidas progresivas para financiar los efectos de distintas crisis, como las provocadas por eventos naturales. Por ejemplo, a partir del terremoto de 2011, Japón impone hasta el día de hoy un sobreimpuesto a la renta y a las ganancias de capital; por su parte, Chile impuso un aumento temporal de varios puntos porcentuales en los impuestos sobre las utilidades de las grandes empresas para lidiar con los costos del sismo de 2010. Medidas como esta también se han utilizado para salir de crisis como el colapso financiero de 2009. Para solventar los efectos de la caída en la actividad económica, Islandia instituyó un impuesto único a la riqueza neta, el cual debían pagar solo las personas más acaudaladas de ese país.

Estas pueden ser salidas momentáneas a la crisis que vivimos. Sin embargo, para revertir la tendencia al alza de la desigualdad, es necesario implementar políticas a largo plazo. Estas medidas apuntan a incrementar la preparación académica de las personas y mejorar sus posibilidades de éxito en el mercado laboral, lo que los economistas han bautizado como predistribución. Esto se logra, sobre todo, garantizando el acceso a una educación pública de calidad en todos sus niveles. Esta es un área sobre la cual todos los niveles de gobierno de nuestro país aún pueden hacer mucho.

Aunque la preocupación sobre la desigualdad lleva ya años en el debate público en México, la magnitud del problema nos fuerza a seguir impulsando una participación más decidida por parte del Estado y a ser cada vez más creativos en sus soluciones.