Lo importante es la información, no el aparato

En los últimos días del pasado periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República se dio todo un jaloneo por el tema de una elección de un consejero del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI). Con motivo de ello, los legisladores conservadores se desgarraron las vestiduras, pusieron hasta casas de campaña, sleeping bags, se encadenaron a las curules porque supuestamente estaban defendiendo la transparencia, pero en realidad estaban defendiendo otra cosa.

Ciertamente, en el año 2001, un grupo de la sociedad civil, el llamado Grupo Oaxaca elaboró una iniciativa de reformas a distintas legislaciones para que se reconociera en el marco del derecho a la información, el derecho al acceso a la información pública. Entre otras cuestiones planteaban el punto medular: que los diferentes órganos del Estado que reciben y utilizan recursos públicos sean sujetos obligados a proporcionar información; y un punto complementario: crear un órgano independiente para dirimir las controversias entre los particulares y el gobierno sobre la información pública que debía publicarse o no.

No obstante, lo que ocurrió en los años recientes es otra cosa.  Se creó un aparato burocrático que llegó a los mil millones de pesos de presupuesto. Además, el Consejo de lo que a la postre sería el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fue copado por funcionarios afines al PRI y al PAN, que se repartían a los integrantes del órgano, teóricamente independiente, encargado de garantizar el acceso a la información pública.

Recientemente, en el contexto de este debate, una senadora recordó que esa iniciativa mediante la que se cristalizó el derecho al acceso a la información pública, la sociedad civil la hizo llegar al Congreso a partir de la firma de diversos coordinadores parlamentarios.

Así lo cuenta en su libro Juan Francisco Escobedo, que fue parte del Grupo Oaxaca, quien dice, “lo inesperado ocurrió: Martí Batres, coordinador parlamentario del PRD, fue el primero en suscribir la iniciativa, después los priistas, luego el PT, el Verde, el único legislador de convergencia”. Los que no suscribieron fueron los del PAN.

Es decir, se conquistó el derecho a la información pública a contrapelo del gobierno del PAN en aquel entonces, a partir del empuje de la sociedad civil y con el apoyo en primer lugar de la izquierda parlamentaria.

Pero, como decía líneas antes, lo que se creó después ya no tiene que ver con el tema fundamental, lo que defienden ahora los legisladores conservadores no es el derecho a la información pública, lo que están defendiendo son los puestos, son los cargos, y un presupuesto de mil millones de pesos que no está destinado a la información pública, sino a la alta burocracia. Eso es lo que defienden los conservadores, un órgano que desnaturalizaron con su intervención política.

En el fondo, lo importante es defender el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública, la promoción y la concreción de la transparencia en los órganos del Estado, no la burocracia dorada del INAI, no las cuotas de poder y los cuantiosos salarios de este órgano que terminó distorsionado por los partidos conservadores.

Después de todo, la exigencia del Grupo Oaxaca no fue crear un órgano oneroso, sino garantizar un derecho de la ciudadanía. Los tiempos en los que se daba por hecho que la democracia costaba cara ya pasaron. Ahora se trata de construir una democracia regida por el principio de la austeridad republicana.

El debate actual gira sobre el costo del INAI y sobre si este instituto es necesario para el ejercicio del derecho a la información pública o si esta tarea puede encargarse a un poder autónomo como el Congreso de la Unión, así como los mecanismos para evitar que los partidos políticos terminen copando órganos supuestamente autónomos.