Regresar financiamiento público
El financiamiento público partidario está sujeto a reglas claramente establecidas en la Constitución y en las leyes electorales que nos rigen. Entre otras, la relativa a la prevalencia de recursos públicos por encima de los privados; se calcula con una fórmula legal que los blinda, son aprobados por los diputados y se asignan en ministraciones mensuales a través del INE que no puede modificar sus montos, pero que está obligado a fiscalizar su ejercicio.
Durante 2022, los partidos en su conjunto recibirán un monto de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos, que corresponden al financiamiento para sus actividades ordinarias, específicas y sus franquicias postales y telegráficas. Las cantidades que reciben y la forma de su ejercicio ha generado intensos debates, sobre todo, ante la interpretación jurídica de la autoridad consistente en que los partidos no pueden regresar recursos una vez que son depositados en sus cuentas, dado que ya forman parte de su patrimonio y solo pueden aplicarlos en las tareas que la ley les asigna.
El 8 de noviembre de 2021, Morena solicitó al INE que le indicara en qué cuenta podría depositar alrededor de 200 millones de pesos, con la finalidad de reintegrarlos a la Tesorería de la Federación para la compra de vacunas contra el COVID-19, recibiendo respuesta negativa, dado que la autoridad ha considerado que solo es posible que los partidos renuncien a una parte de su financiamiento, siempre y cuando soliciten su retención antes de que les sea ministrado y sin que el organismo electoral pueda determinar en qué se utilizarían los recursos retenidos.
En respuesta a este diferendo, la Cámara de Diputados, con 327 votos de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM y PRI, aprobó reformas a los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos para establecer, como derecho de los institutos políticos, renunciar parcialmente a su financiamiento público y, en su caso, devolverlo en cualquier tiempo a la Tesorería de la Federación, a efecto de destinar los recursos a la atención de catástrofes provocadas por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. La iniciativa morenista fue aprobada fast track y remitida a la Cámara de Senadores.
