Murillo y Zerón, el juego del “policía malo” y el “bueno”
El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el entonces titular de la Agencia de Investigación, Tomás Zerón de Lucio, solían protagonizar lo papeles del “policía malo” y “el bueno”, de acuerdo con versiones filtradas de los propios imputados por el caso Iguala; agentes de la desaparecida PGR se encargaban de infundir terror y dolor a los interrogados antes de que apareciera el “policía bueno”, que muchas veces fue Zerón, pero también ocupó ese papel el propio Murillo.
De acuerdo con la información disponible y con algunos especialistas consultados, se tiene claro que uno de los delitos que no tendría problema en configurar la Fiscalía General de la República en contra de quien fuera procurador de Enrique Peña Nieto es el de tortura, pues abundan las versiones de que el hidalguense no sólo permitió maltratos a los indiciados por el secuestro de los normalistas, sino que participó en ocasiones en los interrogatorios dirigidos a construir la llamada “verdad histórica”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos llegó a analizar testimonios de integrantes del grupo Guerreros Unidos que aseguran haber estado ante la presencia del Procurador General de la República; escuchaban desde su encierro el arribo de un helicóptero y, minutos después, veían entrar en el cubículo de detención a un personaje con las características físicas de Murillo, quien les ofrecía agua, alimento y prometía no más maltratos a cambio de información.
De confirmarse la veracidad de estos testimonios, dicen los especialistas en derecho penal, Jesús Murillo sería responsable del delito de tortura; puesto que permitió, y además participó personalmente, en una diligencia ilegal y violatoria de los derechos humanos, como lo hizo también el propio Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia mexicana y avecindado en Israel para evitar un proceso de extradición.
Los más complicados de probar, nos explican, son los delitos contra la administración de la justicia y, sobre todo, de desaparición forzada, que serían prácticamente imposibles de argumentar, toda vez que no existen elementos sólidos para sostener que Murillo, Zerón y compañía participaron activamente en el secuestro de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos; más aún, no hay elementos para asegurar que incurrieron en omisiones.
De hecho, se asegura que lo ocurrido esa noche del 26 de septiembre de 2014, sin contar el elemento de la incineración de los cuerpos, no fue tan diferente a como lo relataba la “verdad histórica”: grupos criminales vinculados con los cuerpos de seguridad y el Gobierno municipal de Iguala, Guerrero, impidieron la llegada de los estudiantes a un evento de la primera dama de la localidad.
Los delitos del Ministerio Público se habrían cometido en realidad por la urgencia del Gobierno de Enrique Peña Nieto para ofrecer respuestas convincentes a los padres de los desaparecidos y a la opinión pública en general, así como por la impericia y soberbia de los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación.
