El cateo
En Estados Unidos, una orden de cateo produce tres documentos oficiales. El primero es la orden misma. Es sólo una página que emana del Departamento de Justicia, y que lleva la firma de un juez federal que la autoriza, informándole al indiciado que hay fundamento legal para revisar y confiscar elementos de investigación. El segundo, que se mantiene en secreto, es el argumento que presenta el fiscal ante el juez para justificar el cateo; en él, tiene que convencer al magistrado de lo que llaman ‘causa probable’, que significa que hay elementos suficientes para asumir que en el sitio del cateo habrá evidencia de la comisión de crímenes. El tercero es el inventario; es una lista completa y detallada de todo lo que fue confiscado en el cateo. El indiciado recibe una copia, y él decide si la hace pública o no.
El histórico cateo de Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump, se realizó de manera escrupulosamente legal. Previamente, se le informó al Servicio Secreto, encargado de la seguridad de Trump, para evitar cualquier conflicto con ellos. A las seis y media de la mañana del lunes, unos 20 elementos del FBI ingresaron a la residencia en Mar-a-Lago, Florida, en busca de, según informes, documentos de seguridad nacional que Trump ilegalmente había sustraído de la Casa Blanca. Hubo muchos avisos previos. El Archivo Nacional solicitó al equipo legal de Trump que devolviera documentos faltantes, y le contestó que ya había entregado todo. Otra mentira más.
Sabemos que los agentes incluso violaron la caja fuerte de Trump, pero no sabemos qué encontraron. De hecho, el primer informe del cateo vino de la propia oficina del expresidente, quien difundió un comunicado furibundo, quejándose de persecución política. Pero hasta este momento, Trump no ha difundido el contenido del inventario, que si hubiera estado limpio, no tendría por qué guardarse.
La posesión y difusión de documentos clasificados de seguridad nacional es un delito grave, y ha habido muchos funcionarios en el pasado que han sido castigados por ello. Esto es un delito distinto y aparte de los acontecimientos del 6 de enero de 2021. Pero, si en la búsqueda de los documentos faltantes aparecen otros que tengan que ver con el golpe de Estado que intentó Trump, también podrán ser usados. Hablando de la insurrección, el FBI confiscó el teléfono celular del representante Scott Perry, uno de los instigadores principales de la rebelión. Los republicanos están furiosos.
Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara baja, amenazó con un diluvio de investigaciones del Congreso a los demócratas si ganan las elecciones de noviembre. Mencionó en específico al fiscal general Merrick Garland.
Garland sabía la tormenta política que causaría catear la casa del expresidente Trump, pero aun así lo hizo, siguiendo el viejo principio de que nadie, ni un expresidente, está por encima de la ley. El acto es un refuerzo para el Estado de derecho y la certeza jurídica, pero tendrá consecuencias políticas, todavía impredecibles. Ya los personeros de Trump están comenzando sus campañas de desinformación, e intentan sembrar dudas sobre la actuación de FBI en el operativo. No se puede descartar que, en caso de que Trump sea formalmente acusado, o si es citado a comparecer y se niega, haya protestas masivas de los radicales trumpistas, y quienes son capaces de desatar la violencia una vez más.
Con todo, celebro que Trump sea llamado a cuentas por sus actos ilegales. Corrían el peligro de que les pasara lo que a nosotros.
¿Se acuerdan del escándalo del desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de Gobierno de CDMX? En esa ocasión, el gobierno de Vicente Fox se dobló ante la presión política y permitió el desacato de una orden judicial legalmente emitida. No fue la primera vez que AMLO desafió la ley, pero sí la más llamativa. Y puesto que no sufrió las consecuencias, el patrón de conducta continúa hasta hoy.
