El problema con los intocables 

Ni tocar al INE equivale a destruir la democracia, como la oposición ha señalado, ni dejarla como está significa que vaya a realizarse un fraude en contra de Morena en 2024, como sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera. Una vez más, la polarización radical que divide a los mexicanos cancela la posibilidad de hacer un debate razonado sobre algo que importa. De nueva cuenta un asunto público entra en el ámbito de las trincheras de buenos y malos, los argumentos pasan a segundo plano y lo único que prevalece es la obsesión de ganar o perder, todo o nada.

¿Por qué importa? Porque en efecto el INE o la composición de la Cámara de Diputados son perfectibles. Se trata de instituciones que se hicieron cada vez más onerosas y que padecen fisuras que las vuelven vulnerables a la partidocracia que vive del erario público. ¿Ya se nos olvidó que hasta el sexenio pasado los consejeros se designaban por cuotas de partido (3 para el PRI, 2 para el PAN 1 para el PRD y se convertían en personeros de esos intereses)? ¿Necesitamos 500 diputados cebados, cuando en realidad un puñado dirige a las cámaras? ¿requerimos dirigencias de partidos a tal punto engordados por el recurso fácil de los subsidios? Quizá en algún momento fue explicable la generosa dotación que recibieron las oficinas de los consejeros, con sus numerosos y bien pagados colaboradores. Ajustar toda esta estructura a los nuevos tiempos de austeridad y a la sobriedad que se busca en la administración pública, en sí mismo no es condenable.

Los que afirman que modificar al INE destruye la democracia y se arropan en un categórico “no se toca”, actúan como si se tratara de un dogma o fruto de una revelación divina. Ciertamente el INE, y antes IFE, ha sido un árbitro clave para que en México haya existido una transición pacífica de poderes federales y estatales sin violencias poselectorales, al menos en los últimos quince años. Pero esto no quiere decir que su desempeño arbitral haya sido impecable ni mucho menos. Y allí están tantas experiencias locales y federales, en las que las groseras violaciones a las normas de financiamiento de las campañas fueron sancionadas con multas leves y nunca con la revisión del resultado que obtuvieron los contendientes, gracias, entre otras cosas, a la violación de la ley.

Ahora bien, si todas estas revisiones podrían ser razonables, la oposición también está en todo su derecho de plantear la preocupación de que las modificaciones pudieran ser un pretexto para favorecer al actual ejecutivo y a su partido.

No ayuda el hecho de que en muchas de las estrategias de Palacio subyace una agenda política de cara a la confrontación con los adversarios. Tampoco beneficia que el presidente responda a la estridencia de la oposición (“tocar al INE es destruir la democracia”) con su maximalista premisa de que el actual “INE es un instrumento de los conservadores”. Difícil sostener tal acusación de manera categórica si asumimos que Morena ganó la presidencia del país y 21 entidades federativas justo con esa institución como árbitro, más allá de las diferencias políticas que ha tenido con dos o tres de sus consejeros.

En suma, tan atendible es el hecho de que el INE, y ya no digamos las Cámaras, sean susceptibles de mejorar y costar menos, como la de asegurar que los cambios que se intenten estén destinados a mejorar su legitimidad como árbitro y no a vulnerarlos frente a un determinado interés político. Y eso solo se resolvería con la revisión puntual de cada aspecto de cara al interés de la sociedad y al equilibrio de los actores políticos. Si el INE no son las tablas de la ley (como bien ha dicho Fabricio Mejía), tampoco lo son las propuestas emanadas de Palacio Nacional; no debería existir nada intocable en una república, salvo el interés de todos, y eso incluye las mayorías, pero también las minorías.

Morena ha planteado una propuesta de cambio que tiene méritos, pero también varios puntos cuestionables. En lugar de perdernos en descalificaciones, tendríamos que estar discutiendo, ajustando, modificando lo que allí se propone.

Entre las objeciones que he leído, encuentro que los argumentos publicados por Diego Valadés (ex consejero) son atendibles, aun cuando no coincida con todos. Por ejemplo, la reducción de la participación ciudadana para revocar el mandato presidencial, que pasaría de 40 a 33 por ciento del padrón. Esto significa que un presidente elegido por la mayoría podría ser removido tres años después por la mitad más uno de ese 33 por ciento, es decir 16.51 por ciento de los votos del padrón electoral. Algo que al margen de ideologías parecería un despropósito.

Según el sistema que se propone para elegir a los diputados desaparecen los 200 plurinominales; bien por eso. Pero se usa el procedimiento “plurinominal” para elegir a los 300 que quedan, lo cual genera otro problema señalado reiteradamente por los especialistas: ya no se votará por los candidatos sino por los partidos. En un estado que tenía 20 distritos habrá 20 diputados distribuidos según el porcentaje que obtenga cada partido: si Morena gana 50 por ciento de los votos y el PAN 25 por ciento, el primero tendrá 10 diputados y el segundo 5, ¿y quiénes serán esos diputados?: los primeros que estén en la lista que confeccione la dirigencia de cada partido. En ese sentido se quita a los electores la posibilidad de rechazar a algún personaje indeseable, sólo se ofrece la opción de votar o no por un partido y confiar en sus líderes. Y Valadés llama la atención sobre otra objeción: la mitad de las entidades, las pequeñas, solo tendrán entre 2 y 7 diputados; eso significa que un partido que obtenga 6 o 7 por ciento en cada una de esas entidades no alcanza a tener representación en la cámara. Un obvio detrimento del derecho de las minorías.

Lo anterior es solo un ejemplo de algunos de los temas que habría que resolver en las propuestas que ahora se han presentado. Aceptar o rechazar tendría que ser el resultado de este ejercicio, no del dogma que considera intocable al INE o, del lado contrario, intocable lo que proponga Palacio. La propuesta de Morena no “destruye la democracia”, pero sí habría que asegurar que la mejore.